De la Redacción de El Litoral
El secretario de Gobierno municipal denunció violentas y reiteradas intimidaciones a los obreros por parte de grupos vinculados a la ex cúpula de la Uocra.
De la Redacción de El Litoral
Twitter: @Metropolitana_EL
Tres fuerzas de seguridad pertenecientes a los distintos niveles del Estado custodian la obra de la Escuela de Trabajo que la Municipalidad construye en barrio Barranquitas Sur. A la policía provincial y a la Guardia de Seguridad Institucional, se sumó esta semana un móvil de la Gendarmería nacional.
La medida se dispuso luego de distitos hechos intimidantes que sufrieron los obreros y que, según las autoridades municipales estarían vinculados a los ex dirigentes de la delegación en Santa Fe de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), los hermanos Emanuel y Mauricio Araya.
En declaraciones a la prensa, el intendente José Corral se refirió a las situaciones de violencia que se vienen dando, en distintas obras que tiene el municipio en la ciudad, a manos de personas que aprietan a los obreros con el objetivo de reclutarlos para la conformación de una nueva entidad sindical.
“En determinadas obras siempre es necesario tener custodia policial pero a partir de lo que viene ocurriendo pedimos que la Gendarmería se ubique ahí. Es para que no se vuelvan a repetir los hechos de violencia y ahora se está trabajando con normalidad”, explicó el secretario General de la Municipalidad, Carlos Pereira sobre la vigilancia de la obra en Barranquitas Sur.
Según indicó, a principios de esta semana personas que no fueron identificadas, siguieron a un obrero cuando salía de la construcción de la Escuela de Trabajo y tuvo un accidente con su moto. El hombre resultó herido.
“Desde eso pedimos la permanencia ahí de la Gendarmería. Además la gente de ese grupo (los Araya) iban todos los días, no fueron amenazas aisladas. Vinculamos una cosa con la otra”, afirmó Pereira.
Para el funcionario “este grupo encabezado por los hermanos Araya está buscando la forma de volver a las andanzas gestionando una simple asociación gremial. Están presionando a empresarios para que tomen gente de ellos y a obreros, para que se sumen a su gremio con amenazas de muerte, con mucha violencia”.
Un sector bajo presión
A partir de la reiteración de los hechos, la Municipalidad comenzó a hacer un seguimiento de las denuncias realizadas por los aprietes a obreros y empresarios. En total, detectaron 29 causas judiciales.
“Pedimos a los fiscales que unifiquen las causas porque no son hecho aislados, hay denuncias incluso que no llegaron al MPA. Es un mismo actor y un mismo actuar delictivo”, indicó Pereira. En ese mismo sentido dijo que a las amenazas “las profiere alguien vinculado a la organización, que si se toman individualmente es una denuncia contra distintas personas. Pero todas juntas se relacionan con alguien de este supuesto sindicato y tienen la misma metodología”.
“Esto es una verdadera banda delictiva, asociada a muchas economías del delito. Son como las barras bravas del fútbol, en principio tienen un “negocio” con eso pero las conexiones con el narcotráfico y otras, se producen automáticamente”.
Carlos Pereira
Secretario General Municipal
A pesar de que los hermanos Araya fueron desplazados de la conducción de Uocra Santa Fe en 2013, tras una intervención a nivel nacional y, posteriomente detenidos, para Pereira “nunca dejaron de ejercer presiones”. Al respecto afirmó que “nunca perdieron su poder y siguieron operando. Ahora están tratando de reordenarse a través de la gestión de la personería jurídica de una asociación sindical. De todas maneras, el legítimo representante de los trabajadores de la construcción es Uocra”.
Los aprietes llegaron a impedir el normal avance de obras clave en la ciudad. “La construcción se estaba parando porque en su momento, cuando estaban en el gremio, tenían coaccionados a los empresarios sacándoles dinero, colocando delincuentes en las obras que no trabajaban o poniendo el doble de trabajadores de lo que una obra demanda. Hasta un 50% más, era insostenible”, sentenció Pereira.
Ahora, la Municipalidad aguarda el accionar de la justicia.