Las empresas que operan el servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe dijeron BASTA. El viernes 21 de mayo presentaron una nota en la Municipalidad en la que explican en detalle las razones del quiebre de la ecuación económica-financiera que padecen y piden brindar un servicio de emergencia durante al menos 60 días, comenzando el 1 de junio próximo.
Las medidas que proponen implementar afectarán notablemente el servicio que prestan. Para los usuarios implicarán menos coches en la calle, con esperas mínimas en horarios pico de 12 minutos; la eliminación de tres líneas que consideran deficitarias (la 20, la 21 y La Boca); el achique de recorridos; no contar con colectivos durante la noche -entre las 21 y las 5-, ni los domingos y feriados; y no acceder a ningún tipo de boleto gratuito.
El petitorio entregado pretende iniciar un espacio de negociación exprés (previo al 1 de junio) ante lo que consideran "una conducta indiferente, parcial y/o omisa" por parte de los tres poderes del Estado a los reiterados reclamos que vienen realizando desde hace más de un año. Aducen que esto ha generado "profundos desequilibrios" por los que, de no subsanarse con urgencia, estarán imposibilitados de seguir brindando el servicio como hasta ahora, "sin más alternativa que prestar un servicio de emergencia".
En el extenso documento de 30 carillas dirigido al intendente Emilio Jatón explican los factores que a lo largo del tiempo produjeron esta "catástrofe económica", tal como la definen. Y si bien aducen algunas razones ajenas a decisiones del municipio -como el cambio de la política de distribución de subsidios que impuso el gobierno nacional en enero de 2019-, lo responsabilizan en forma directa al ser la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe la autoridad de aplicación y poder concedente de los permisos precarios otorgados a sus concesionarias para prestar el servicio de transporte. Por tanto, es allí donde focalizan el pedido de soluciones.
En el documento, los representantes de las empresas Autobuses y Ersa Urbano repasan minuciosamente las medidas que se tomaron a lo largo de los últimos años y que afectaron sus estructuras económicas y financieras. Podrían resumirse en los siguientes 5 ítems.
1- Quita de subsidios en el interior del país por el Estado Nacional, en una evidente disparidad con los fondos percibidos por empresas del AMBA, generando una desigualdad geográfica manifiesta de políticas a un mismo sector, y un mismo rango poblacional de clase baja-media.
2- Fijación de incrementos tarifarios por debajo de los índices de aumentos de costos. Que como agravante han sido aplicados tardíamente.
3- Impacto de la pandemia por Covid-19 y falta de medidas paliativas al sector como atenuante de la caída de pasajeros: pasaron de transportar 37 millones en 2019, a 12.600.000 en 2020. Aquí hay que aclarar que los pasajeros venían en caída hacía varios años.
4- Imposibilidad de efectuar despidos y/o suspensiones de personal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y normativas vigentes.
5- Disposiciones para que las empresas brinden nuevos servicios, nuevas líneas, frecuencias, recorridos, y/o gratuidades concedidas -a determinados grupos o en días festivos, por ejemplo-, que si bien se hacen en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ordenanza 11.580 al poder ejecutivo Municipal (que regula la actividad desde el año 2009 ante la no licitación del servicio), no son compensadas y/o resarcidas a los concesionarios.
La conjunción de estos factores son los que han sumido al sector en una crisis terminal.
Con números, muestran cómo se ha roto la ecuación económica ante la caída de ingresos y el aumento de los costos. Por ejemplo, explican que mientras los ingresos de un coche se incrementaron a razón de 37% en el término de 3 años y 4 meses, el índice de precios acumulado en el mismo período acusa incrementos de un 263.95%, "desfasaje que torna inviable la operación".
La deuda de las empresas en materia fiscal es de $ 230.000.000 en concepto de capital y asciende a $ 483.000.000 si se considera intereses de financiación. "Monto que se torna impagable de no revertirse la situación en el corto plazo", aseguran.
Las empresas afrontan un déficit crónico. La deuda fiscal se incrementa mes a mes y se prioriza cubrir rubros de la estructura extremadamente sensibles y que repercuten de inmediato en la prestación, tales como salarios, combustibles, lubricantes, repuestos y neumáticos.
Otro aspecto que agrava la realidad del sector es la situación gremial y de los trabajadores. En el documento, las empresas destacan el rol de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que "en un entendimiento del contexto y situación de extrema vulnerabilidad del sector accede a que los trabajadores perciban sumas del 100% del salario de bolsillo con un 88% en concepto de asignación no remunerativa". Pero advierte que "a medida que transcurre la pandemia las energías se agotan, la capacidad de gestión se debilita y se va socavando la paciencia y entendimiento de los distintos agentes que intervienen en la actividad". Así, "comenzaron las demandas del gremio, que no pueden ser atendidas y se incrementa la conflictividad". También con proveedores y entidades financieras.
Ante este panorama, que -aseguran- ya no resiste más dilaciones, piden al Ejecutivo municipal soluciones urgentes para comenzar a restablecer la ecuación económica y que las empresas de transporte dejen de ser un agujero negro, con egresos muy superiores a los ingresos.
El sector plantea tres posibilidades:
1- Actualización tarifaria.
2-Reestructuración del sistema de transporte de la ciudad.
3-Entrega de compensaciones adicionales.
Pero deja abierto el diálogo con las autoridades para analizar "lo que consideren más apropiado".
De lo contrario, "resulta materialmente imposible continuar la explotación del servicio y garantizar las condiciones de regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de la actual prestación".