La Defensoría Pública de Niños pedirá informes sobre Casa Cuna

Salomé Crespo
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La defensora provincial de niñas, niños y adolescentes, Analía Colombo, confirmó a El Litoral la denuncia ante la dependencia pública sobre las presuntas irregularidades en la administración del hogar Casa Cuna. Según indicó Colombo, el viernes 19 se presentó ante la Defensoría del Pueblo en una primera instancia, una ex empleada de la residencia a plantear distintas cuestiones. Por un lado, solicitó asesoramiento personal por el despido de parte de las autoridades del hogar Casa Cuna, aparentemente sin causa ni justificativo. A la vez, realizó planteos respecto de un supuesto manejo fraudulento de fondos del hogar, por lo que la defensora le sugirió que se dirija al Ministerio Público de la Acusación, cosa que efectivamente hizo. Dicha denuncia fue publicada ayer en este medio.

— ¿Cómo interviene en el caso la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes?

— Consideramos que podía haber una posible vulneración de derechos de los niños alojados en el hogar. Lo que denunció la mujer (que reservamos su identidad por expreso pedido) tiene que ver con presuntas irregularidades en el manejo institucional. La Casa Cuna es un hogar bajo convenio y en este momento está siendo regularizado por directivas de la organización de la cual depende en Buenos Aires. De todas maneras, la mujer apuntó a problemas de la institución y en el manejo económico. En este caso, comunicamos hoy a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para pedir explicaciones sobre las denuncias y si la persona denunció lo mismo ante la subsecretaría. Y también comparecimos ante el MPA para ponernos a disposición de la Justicia, del fiscal, para la investigación. Estimo que en el transcurso de la semana, subsecretaría nos debería dar una respuesta.

— ¿Defensoría realiza algún seguimiento de las residencias?

— Desde el área de monitoreo, hacemos el seguimiento de las instituciones, entre ellas Casa Cuna. Vamos mensualmente con el Área de Promoción y Monitoreo a las residencias. Estamos elaborando el informe anual del Observatorio de Derechos. Lo que detectamos en general son cuestiones que nos hacen contactar a la subsecretaría. De todas maneras, la Ley Integral de Promoción y Protección apunta a que cada vez haya menos niños alojados en instituciones y menos instituciones. Si no hay otro recurso, como la familia ampliada o solidaria, entonces se procura que las condiciones de alojamiento sean lo más optimas posibles. Y también, que se adopten medidas para que esos niños pasen menos tiempo en la institución.

— En Casa Cuna hay muchos niños y pasan muchos años institucionalizados. Ante tantos cambios en la dirección del hogar, ¿alguien los escucha? ¿evalúan si los cambios tienen impacto?

— No hay un incremento importante en la cantidad de niños, va variando. Pero las demoras subsisten y es un punto a mejorar. Muchas veces se debe a los trámites, al Poder Judicial que se toma tal vez un año para decidir sobre un niño que ya está para adoptar. Todo el sistema debería agilizarse, tender a tener más trabajo con las familias ampliadas para que haya menos residencias. Por supuesto que tantos cambios no son positivos y tienen impacto en la vida de los niños porque hay que decir que, mientras estén ahí, esa es su casa. Soy conciente de que se está normalizando pero que tiene muchos problemas. Una de las líneas del monitoreo, es la escucha de los niños. Hacemos unas cinco visitas en el año para eso y tratamos de abarcar toda la provincia con el equipo que tenemos. Ahora, quien debe dar las explicaciones del caso es la Subsecretaría de la Niñez.