“El pago de jubilaciones presentó una caída real por noveno mes consecutivo, acumulando un ajuste del 7,7% en lo que va del año”, señala parte de un extenso informe de la consultora Aerarium sobre el gasto público nacional, según la ejecución presupuestaria a julio pasado.
“Gran parte del ajuste se explica por los aumentos discrecionales otorgados durante 2020, cuyo efecto se arrastra a 2021, y el cual no fue corregido con la implementación de la nueva ley de actualización de haberes (Ley N°27.609)”.
El informe hace referencia así a los actos discrecionales del presidente el año pasado, y la fórmula de actualización de haberes sancionada por la mayoría del Frente de Todos, que rige desde inicios de 2021.
4,4 mil millones de dólares de enero a julio, “es el costo de mantener pisadas las tarifas de electricidad y gas” que “ beneficia a los deciles más altos de la población”.
“La suspensión de la Ley 27.426 ha permitido al Gobierno Nacional ahorrar unos $ 226.000 millones desde el inicio de su gestión, equivalente a casi un mes de pago de haberes”, evalúa el informe de la consultora que dirigen Paulino Caballero y Guillermo Giussi.
La referida norma suspendida es aquella que se sancionó en diciembre de 2017, cuando el congreso sesionó bajo una lluvia de toneladas de piedras que militantes de izquierda y de base arrojaron sobre el Congreso, para evitar la sanción de una norma que según la oposición de entonces, perjudicaba la movilidad jubilatoria.
“El gasto primario del Sector Público Nacional -señala Aerarium- presentó una contracción del 4,7% en moneda constante, frente al -6,7% observado un mes atrás”.
La contracción fue menor por cuanto “crecieron los subsidios económicos y los gastos de funcionamiento del Estado (salarios y gasto en bienes y servicios de consumo, pagos por adquisiciones de vacunas por unos $ 20.000 millones)”.
Por segmento las erogaciones corrientes primarias volvieron a presentar una dinámica real negativa (-6.1% año contra año), “a partir del ajuste en las jubilaciones (-6.5% real), y en las transferencias a provincias (-37% real) y universidades (-3% real)”.
Expone el informe que “el gasto de capital (obras públicas) se incrementó un 26.2% en moneda constante, producto de la baja base de comparación y de la utilización de esta partida con fines electorales. Por su parte, los ingresos presentaron un crecimiento real del 14.4%, registrando el menor crecimiento desde febrero”.
“El gasto en subsidios energéticos siguió acelerando su ritmo de crecimiento, alcanzando un registro del 150%, frente al 104% observado un mes atrás, destacándose los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (+1.518% a/a), principalmente en el marco del programa Plan Gas (+$ 7.232 M) y la asistencia a CAMMESA (+166,0% a/a)”.
El déficit nacional acumulado en siete meses alcanza al 0.7% del PBI (1,1% si no se contabiliza $ 189 mil millones recaudados con el impuesto “por única vez” a las grandes fortunas , frente al 3.8% observado un año atrás. Según Aerarium, el resultado financiero presentó un déficit superior a los $ 163.000 millones, llevando el acumulado anual a $ 677.000 millones (1,6% del PIB), cayendo un 51% desde los $ 1.38 billones acumulados durante el mismo período de 2020 (5% del PIB).