Ignacio Hintermeister
La ley prohíbe a funcionarios “sincerar” bienes en negro adquiridos desde el 1 de enero de 2010, y a sus familiares, sin tope de tiempo. Macri “emparejó” esa limitación temporal; la oposición dice que su decreto es ilegal y que está hecho “en el nombre del padre”.
Ignacio Hintermeister
El blanqueo está prohibido para funcionarios, legisladores y jueces. No pueden “sincerar” bienes adquiridos -si estaban en funciones- durante el período desde el 1 de enero de 2010 a la actualidad.
La ley extendió la prohibición a padres, cónyuges e hijos menores emancipados, pero sin poner ese tope de fecha. Un descuido (uno más) innecesario y políticamente caro para el macrismo, que ahora debe explicar un decreto presidencial que está fuertemente cuestionado en el Congreso y en la Justicia.
¿Qué dice el decreto 1.206? Que la prohibición para padres, cónyuges e hijos menores emancipados también tiene por límite el 1 de enero de 2010, y que pueden sincerar bienes adquiridos con anterioridad a esa fecha.
Con atendible argumento la oposición acusa que eso es un cambio por decreto a los límites de una ley, y que le permitiría al padre del presidente -Franco Macri- blanquear lo que hubiese adquirido “en negro” antes de la fecha mencionada. ¿Ése es un decreto a medida?
Por sentido común, no se le puede prohibir más a los familiares en primer grado que a los propios funcionarios. En la lógica de la grieta, el oficialismo podría además replicar que si Florencia Kirchner -que es hija de ex funcionaria, pero ya no es menor- puede blanquear; entonces Franco Macri debería tener el mismo derecho.
Pero esa lógica es atendible en una charla de café, en la que habría que exponer por lo demás que los dólares y otros bienes de Florencia están embargados por fundadas sospechas. Aunque ésa es otra cuestión.
La cosa es que el gobierno nacional debe respaldar algo dudoso porque se trata de una ley de la Nación, y por lo demás el gobierno no puede alegar (una vez más) su propia torpeza. Así que la discusión está planteada y ahora se traslada al Congreso, a una comisión bicameral que puede rechazar decretos de necesidad y urgencia. Aunque el 1.206 no es un DNU y eso agrega más polémica.
Originalmente, Mario Negri -presidente del bloque de la UCR y aliado de Cambiemos- cuestionó la medida de Macri porque “resulta incompatible” con la norma aprobada en el Congreso. “Creo inconveniente cualquier forma de incluir a las personas que están exceptuadas en la ley de blanqueo de capitales”, manifestó el legislador por Córdoba a través de su cuenta en la red social Twitter. Sin embargo, en las últimas horas fue Elisa Carrió la que salió en respaldo de Mauricio. “La verdadera incompatibilidad es que vos seas funcionario. En todo caso decidirá la Justicia Contenciosa Administrativa la razonabilidad o no de la reglamentación; puede haber un exceso reglamentario pero nunca un abuso de poder. No hay delito” en el decreto, opinó Lilita.
En la Justicia
El diputado Felipe Solá (Frente Renovador) presentó una medida de amparo, la semana pasada, para que la Justicia “impida que los familiares blanqueen”.
Denunció además que su jefe político, el renovador Sergio Massa, recibió “presiones” para incluir a familiares en el beneficio del blanqueo, cuando se trató la ley en el recinto de Diputados.
El martes pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una denuncia de la diputada Victoria Donda contra el presidente por haber ampliado por decreto las posibilidades del blanqueo de activos a familiares de funcionarios.
La denuncia apunta también contra el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los otros dos firmantes del decreto reglamentario. Para el ex gobernador bonaerense, “esto es doblemente grave, porque violaba la ley, el espíritu de la ley, la letra del artículo 83 de la ley, directamente, diciendo se puede lo que no se puede.
Bicameral
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado camporista santafesino Marcos Cleri, intentará esta tarde rechazar el decreto de Macri sobre blanqueo de familiares. El diputado nacional Pablo Tonelli (PRO) aseguró que “no es competencia de la comisión” revisar un decreto que no es de Necesidad y Urgencia. El oficialismo busca el acompañamiento del diputado massista Raúl Pérez y el senador Adolfo Rodríguez Saá para contrarrestar al Frente para la Victoria, que tiene ocho integrantes propios (aunque sufriría una ausencia) contra seis de Cambiemos.