“Hay mucha gente enojada, y creo que todavía no tienen noción del impacto”. Ricardo Argenti, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, evaluó que recién a partir de las primeras boletas del inmobiliario, lo productores ya afectados por incrementos de Bienes Personales -y que esperan el aumento de tasas en sus jurisdicciones comunales o municipales- comenzarán a tener una idea de la dimensión real de los paquetazos fiscales acumulados.
Respecto de la demora en la implementación de los últimos incrementos a las retenciones, Argenti le dijo a El Litoral que “pensamos que puede ser un impasse en función del diálogo, que no está roto, para evitar mayor enojo. La gente está muy enojada por el aumento de las retenciones al 30 % y el 3 % adicional de la ley significa un quebranto aún mayor. No se termina de entender que hay productores chicos que venían muy complicados”, explicitó.
Consultado sobre la promesa de segmentación de las retenciones, prometida desde diciembre por el presidente Alberto Fernández (dijo que no repetiría el error de la 125), Argenti señaló que “todas las intenciones en ese sentido fracasaron porque fueron imprecisas o lentas”. Recordó que la SRSF -a través de Carsfe- es parte de CRA, cuyo titular Jorge Chemes aún carece de detalles sobre cómo sería la metodología a aplicar.
“Los ánimos están mal entre los productores no institucionalizados, pero también entre quienes pertenecen a algunas sociedades rurales. Tenemos diálogo con los autoconvocados y los entendemos, pero no somos responsables de lo que no generamos”, dijo Argenti tras ser consultado sobre la asamblea de Río Cuarto y la que en las próximas horas se hará en Pergamino. En Carbap (Buenos Aires-La Pampa) ya hubo propuestas de paros de comercialización cuando aún resta el paquetazo de la administración de Axel Kicillof.
Cabe recordar que -además del incremento tributario santafesino- por decreto 37/19 Alberto Fernández elevó las retenciones hasta 30 % a la soja y sus productos industrializados (aceites, harina), 12 % al trigo y al girasol y 9 % al arroz, las carnes y los cueros. Y con la ley de emergencia nacional los valores se elevaron al 33 % sobre la soja (se mantiene el 30 % en los derivados), y 15 % al maíz, trigo y girasol, aunque éstos últimos no rigen todavía.
Chemes, el titular de CRA, advirtió en la asamblea de Río Cuarto que “estamos hartos de que durante muchos años siempre se rasca el fondo de la misma olla para buscar recursos”. Los productores remarcaron allí que en los últimos 18 años, la transferencia del campo al Estado fue de U$ S 180.000 millones.