La Casa Rosada no desconocía que Washington le negaría jurisdicción a La Haya pera revisar la sentencia de uno de sus jueces, por “municipal” que sea. La apelación argentina ratificó el fallo de Griesa e incluso la Corte norteamericana lo hizo al negarse a revisar el caso.
En el texto de la presentación argentina ante La Haya está citada esa precaución; la misma fue formalizada por el embajador H. Horacio Salvador el jueves pasado. Allí queda claro cuál será el próximo paso diseñado por el gobierno nacional, que no avizora una solución inmediata al problema.
Según la transcripción difundida por la Cancillería, el gobierno nacional sostiene ante el tribunal de la ONU que “si los Estados Unidos de América no aceptaran la competencia de la Corte, la República Argentina entiende que ese país tiene la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2, párrafo 3 y artículo 33)”.
También reclama la aplicación de “la Carta de la Organización de los Estados Americanos” (artículos 24, 25 y 26 y del derecho internacional genera), que imponen a los Estados la solución de sus controversias internacionales por medios pacíficos”.
“Por lo tanto, de no mediar la conformidad de los Estados Unidos de América respecto de la competencia de esta Corte, la República Argentina advierte que la notificación de la presente demanda debe ser tenida como una intimación a aquel país a cumplir la obligación de convenir en cualquier procedimiento que permita alcanzar una solución a la presente controversia”.
En su informe al Senado el jueves pasado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, apuntó “establecer las condiciones para una asamblea de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una convención y un marco regulatorio para ordenar las reestructuraciones de deuda”.