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El Estado Nacional aseguró hoy en la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema sobre la Ley de Medios que todos los grupos mediáticos están adecuándose a la nueva normativa, con excepción del Grupo Clarín que goza del amparo judicial y precisó que lleva aprobadas 35,9 por ciento de las solicitudes de adecuación, presentadas por los diferentes adjudicatarios de licencias.
Los representantes gubernamentales explicaron que, tras la sanción de la Ley, 14 licenciatarios comenzaron su etapa de desinversión, otros 15 iniciaron sus trámites y están pendientes de aprobación, mientras que otros diez no requerían adecuación.
Los jueces de la Corte volcaron en más de 30 preguntas las inquietudes del tribunal sobre los aspectos de la Ley sobre los que precisaban aclaraciones, especialmente sobre las prórrogas de las licencias en 2005, la aprobación de la fusión de Cablevisión y Multicanal en 2007 ûpor un Decreto firmado por el es presidente Néstor Kirchner- y cómo incide en la libertad de expresión.
La abogada Graciana Peñafort Colombi, de la AFSCA ûquien llevó la mayor parte de la exposición técnica- reconoció que "al momento de la fusión el Grupo Clarín logró concentrar más licencias de las permitidas en ese momento". "Estamos frente a las características de un monopolio natural..., los problemas generados por la existencia de monopolios naturales en la producción de contenidos no son susceptibles de ser resueltos con los mecanismos de defensa de la competencia. En este caso ¿cómo regular los contenidos sin entrar en colisión con la libertad de expresión?“, se interrogaron los representantes del Estado.
En ese sentido, explicaron que la Ley apunta a "dividir el monopolio" para "buscar la competencia que hoy no existe", porque ésa es una manera de "no entrometerse en los contenidos". Además, el Estado explicó que desde la sanción de la Ley se entregaron aproximadamente 600 licencias de radios a municipios, 50 licencias para cooperativas de TV por cable, 200 licencias a organizaciones sin fines de lucro, entre 15 y 18 a pueblos originarios y "treintaytantas" de radio y TV para universidades.
Sin embargo, las respuestas flaquearon cuando la Corte preguntó si el Estado puede quitar las licencias sin derecho alguno de los perjudicados a plantear su defensa. Si bien Peñafort respondió que "no", trastabilló al explicar que "la Ley puede restringir el ejercicio de la licencia, pero no significa que el Estado pueda sacar la licencia".
Otra duda de la Corte pasó por saber si un organismo como la AFSCA incumple la Ley, sugiriendo que como no se aplica para Clarín no debe aplicarse para otros y el abogado Daniel Larrache afirmó que "la Ley se aplica desde su sanción en todo lo que puede ser aplicado".