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El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que recibió una notificación de bonistas europeos, tenedores de deuda pública argentina, en la cual indican que han intimado al Bank of New York Mellon (BONY) a que renuncie a su rol de agente fiduciario.
Kicillof dijo que "lo han intimado a que les pague o a que renuncie" y solicitarán a la Justicia de los Estados Unidos, "a que reemplace al BONY por el Banco de la Nación Argentina".
No obstante, el ministro evitó aclarar por qué estos acreedores no se acogen a la Ley de Pago Soberano dictada por la Argentina y que los habilitaba a cobrar en el país. El ministro no ofreció la documentación que respaldaba sus palabras y aclaró que estaba comunicando una acción de "terceros".
Kicillof dijo que "los acreedores han intimado a que les pague o a que renuncie" y solicitarán a la Justicia de los Estados Unidos, "a que reemplace al BONY por el Banco de la Nación Argentina".
El ministro formuló esta comunicación en un acto en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda para la que se convocó a un centenar de empleados que obstaculizaron el trabajo de la prensa.
El BONY mantiene inmovilizados unos 530 millones de dólares que corresponden a pagos de deuda reestructurada por orden del juez Thomas Griesa, que exige que el país cumpla con una sentencia de 1.330 millones de dólares a favor de holdouts. "Más allá de los dictados del juez Griesa, lo han intimado a que les pague o a que renuncie y de no hacerlo en los próximos cinco días van a pedirle a un juez europeo que reemplace al BONY", insistió el funcionario.
A su vez reveló que "existe una sentencia en tribunales de Bélgica donde le dan esta posibilidad a los bonistas a cambiar de agente fiduciario" y añadió que "están reclamando que el nuevo agente fiduciario sea el Banco de la Nación Argentina".
Kicillof subrayó que "en los títulos de deuda argentina existe una cláusula en la que se habilita a reemplazar" al banco de pago. El ministro sostuvo que de esta forma la deuda que puede quedar bajo jurisdicción del juez Thomas Griesa se reduce al 23 por ciento, sumando los tenedores europeos y a los títulos con ley local. Kicillof reiteró que de esta forma "se demostró que Griesa incurrió en un exceso de jurisdicción".