Ignacio Andreychuk
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Los reclamos por terrenos y viviendas son una constante en la Argentina del siglo XXI. Algunas protestas culminaron con escenarios violentos, víctimas fatales y mucho tironeo político por determinar quién tiene la culpa.
La emergencia habitacional en Santa Fe no escapa al escenario nacional, aunque desde el gobierno de la provincia fueron reiteradas las quejas por la deuda que mantiene la Nación con las arcas santafesinas en materia de los planes de viviendas proyectados para esta región.
Pero, la metodología que desafía cualquier gestión es la toma de terrenos mediante una postura pendenciera que luego culmina, en el mayor de los casos, con enfrentamientos entre la gente y la policía. Aquí aún no ocurrió algo similar, aunque ayer hubo una declaración que encendió la mecha de la sospecha: “Hay una emergencia habitacional que viven miles de santafesinos y el gobierno no se responsabiliza. Así vamos a llegar a lo que sucedió en Jujuy y en Ciudad de Buenos Aires con la toma de terrenos”.
Lo dijo Sebastián Saldaña, representante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), a la radio Sol Sports FM 91.5, apuntando principalmente al gobierno de la presidenta Cristina Fernández y su “inacción en políticas de viviendas para el país”.
La desesperación por no tener una casa lleva a la usurpación. Pero antes que la ocupación ilegal y masiva de terrenos está el consenso para llegar a un acuerdo en el cual ambas partes puedan establecer pautas de trabajo y no regalías. La CCC tuvo ayer un encuentro, según dicen, “muy productivo” con Alicia Pino, la directora provincial de Vivienda y Urbanismo. La cooperativa de este movimiento pondrá en marcha una primera etapa de construcción de ocho a diez hogares y los podrán pagar en cuotas. La propia funcionaria cortó de cuajo la posibilidad de que usurpen tierras, aunque la ley del que no llora, no mama continúa vigente.