Lía Masjoan
A mediados del año pasado, los empresarios de la construcción llevaron su preocupación al intendente José Corral. En esa reunión se puso sobre la mesa la idea de conformar un fideicomiso para poder cumplir con las exigencias de Litoral Gas, una modalidad que ya se puso en práctica en Rosario.
“Somos testigos de las dificultades que tienen los desarrolladores al momento de solicitar la factibilidad, que a su vez es un requisito que el municipio pide al momento de dar el permiso de obra y, luego, el final de obra. Frente a esto, y sabiendo que la obligación de realizar las inversiones es de Litoral Gas, no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque la construcción es una actividad generadora de mucha mano de obra de manera directa por los obreros que emplea, pero también de manera indirecta por todos los gremios que son proveedores de estos edificios”, le dijo el mandatario a El Litoral al ser consultado sobre la postura del municipio sobre este tema.
Según informó, estaría en su etapa final la redacción de un convenio que firmaría el municipio, la Cámara de la Construcción y Litoral Gas estableciendo los mecanismos para hacer una obra de .000.000 que permitiría reforzar la red, en el caso del microcentro de la ciudad, y extenderla en el caso de los barrios del norte.
¿Qué obtendrían a cambio quienes inviertan en el fideicomiso? Contar con una determinada cantidad de conexiones, que aún no es precisa: van entre 4.800 (según Litoral Gas) y 10.000 (según los constructores y los técnicos del municipio). Así, el inversor, de acuerdo al dinero que aporte, se quedará con conexiones que pueden servirle a futuro para otros edificios o puede venderlas. Como el municipio también aportaría, se reservaría una cantidad de conexiones para vender a inversores futuros que no entren en esta operatoria.
“Venimos trabajando hace varios meses tratando de tapar los agujeros que deberían resolver entre Litoral Gas, el Enargas y el gobierno nacional. Lamentamos que haya tanta improvisación en estos temas de infraestructura porque las tarifas subsidiadas a la larga terminan siendo más caras, por un lado, porque hay un déficit de la balanza energética que pagamos todos los argentinos y, por otro, porque se terminan haciendo parches cuando estas inversiones en infraestructura deberían estar garantizadas por el gobierno nacional y las prestatarias del servicio”, opinó Corral.
—A esta altura ¿no hay otra manera de resolverlo que aceptar este fideicomiso y hacer las obras?
—Y ya no creo. Es lo mismo que nos pasa en otros casos, cuando hacemos desagües por ejemplo. Es una responsabilidad que no es nuestra ni de las empresas, sino de las malas políticas nacionales de infraestructura, en este caso de gas.