El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el envío a Honduras de una delegación para investigar las causas del incendio en la cárcel de Comayagua que ha causado la muerte a unas 300 personas.
A petición del jefe de la Organización de Estados Americanos, la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, designará a una delegación que incluirá al relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar, con el objetivo de realizar "una investigación de los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria".
El equipo de la CIDH deberá presentar un "informe exhaustivo" de sus hallazgos al gobierno hondureño y a la OEA, según un comunicado del organismo hemisférico.
La decisión de enviar a la delegación especializada fue tomada por Insulza tras conversar con el embajador hondureño ante la OEA, Leónidas Rosa Bautista, a quien el jefe del organismo manifestó su "profunda consternación" por los hechos y transmitió la "solidaridad" de la institución que dirige al gobierno de Porfirio Lobo.
Por su parte, la CIDH indicó que ya ha solicitado de forma urgente la realización de la visita a Honduras para dar seguimiento tanto al incendio en Comayagua como a la "situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad" en el país centroamericano.
Asimsimo, anunció que dedicará una audiencia sobre este asunto en su próximo período de sesiones, que tendrá lugar en Washington entre el 19 y el 30 de marzo.
En un comunicado, la CIDH "deploró" asimismo la muerte de los internos en el incendio y realizó un "llamado urgente" al estado hondureño para que "investigue" los hechos y adopte las "medidas necesarias para evitar su repetición".
El gobierno de Lobo debe "iniciar las investigaciones penales, administrativas y disciplinarias que sean necesarias para establecer responsabilidades y adoptar las sanciones que correspondan", sostuvo.
Asimismo, le instó a hacer lo necesario para identificar a las víctimas e informar de forma "pronta y precisa la identidad de los internos que perdieron la vida en el suceso, así como las circunstancias y causas específicas de su fallecimiento".
La CIDH también llamó al Estado hondureño a "informar a los familiares de los internos heridos sobre su condición médica actual, y a proveer información oportuna sobre el traslado de personas heridas a centros hospitalarios, así como de internos a otras cárceles".
El organismo de derechos humanos de la OEA recordó que no es la primera vez que ocurre una tragedia de este tipo en Honduras.
Un caso similar sucedido en 2004 en el Centro Penal de San Pedro sula, en el que murieron 107 personas, fue llevado ya hasta la CIDH.
Ésta participará de hecho a finales de mes en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este episodio, en el que el organismo concluyó que las muertes fueron "resultado directo de deficiencias estructurales" que si bien "eran de conocimiento de las autoridaes competentes, no fueron atendidas ni corregidas oportunamente".
DPA