El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, inició ayer juicio por genocidio contra el prefecto (gobernador) del departamento (provincia) boliviano Pando, Leopoldo Fernández, a quien responsabiliza por los violentos enfrentamientos del jueves pasado en ese distrito, que causaron al menos 21 muertos y una cantidad no precisada de desaparecidos.
Uribe inició un proceso penal por “presunto delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta” que, además de Fernández, alcanza al ex alcalde de Cobija -la capital de Pando- Miguel Becerra y al senador suplente opositor Abraham Cuellar, informó la agencia noticiosa estatal boliviana ABI.
Fernández permanecía anoche en libertad, pese a que el presidente Evo Morales había ordenado su captura el domingo pasado, según lo anunciaron entonces el vicepresidente Alvaro García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El gobierno central acusa al prefecto de haber financiado grupos de sicarios provenientes de Brasil y Perú, a los que imputa haber causado la mayoría de las muertes del jueves pasado, y advierte que muchos de ellos se refugiaron en territorio brasileño.
“Se han ido al lado brasileño; estamos haciendo las gestiones con Brasil para que puedan detener allí a las personas que estén portando armas”, declaró el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
“Quiero un verdadero proceso de investigación transparente; si tengo que pagar con 30 años de cárcel, que sea producto de un proceso de investigación limpio; no me voy a correr de Pando”, afirmó Fernández en declaraciones al canal de televisión ATB reproducidas por la agencia noticiosa alemana DPA.
Mientras tanto, fuentes castrenses citadas por la radio boliviana Erbol informaron que en distintos operativos se halló gran cantidad de armas y explosivos.
También trascendió la detención de 10 personas a las que se acusa de haber actuado en los episodios del jueves, pero el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el obispo metodista Rolando Villena, dijo a Télam que los apresados “no son responsables de nada y menos de la tenencia de armas que se le atribuye”.
Villena, que integra junto a representantes de la Cruz Roja y las Naciones Unidas la misión humanitaria que anoche partía hacia Pando, informó que por los hechos del jueves quedaron 15 muertos “identificados con nombre y apellido” y otros seis que permanecían sin identificar.
Fuente: Télam