El jueves 2 de julio pasado, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti y de Salud, Miguel Ángel Cappiello, se hicieron presentes en la Legislatura para llevar a las autoridades de ambas Cámaras y de las bancadas partidarias la propuesta del Poder Ejecutivo de prorrogar la realización de las elecciones primarias y, como consecuencia de ello, de las generales para elegir concejales, algunos intendentes e integrantes de las comisiones comunales. El motivo era la pandemia por la gripe A, que para principios de julio se había cobrado ya cinco muertes en la provincia.
La tarde anterior, Bonfatti había hecho distintas consultas sobre la conveniencia sanitaria de retrasar la fecha del comicio. Incluso, se temía que como consecuencia de la enfermedad o del pánico generado, no se pudieran constituir las mesas electorales.
En la Legislatura, los ministros se reunieron con los titulares de los bloques, quienes se avinieron a la redacción de un proyecto de ley estableciendo la prórroga comicial. El justicialismo solicitó para votar la norma, la declaración de emergencia sanitaria provincial y la extensión de la veda electoral que comenzaba al día siguiente hasta la nueva fecha de las primarias. Esta petición fue bien vista también por sectores internos del Frente Progresista Cívico y Social. Los jefes de bancadas redactaron un texto que fue convertido en ley por unanimidad en esa misma jornada y al otro día el Poder Ejecutivo lo promulgó.
Con el correr de los días, la veda de la publicidad electoral se convirtió en un bumerán para los precandidatos que cumplieron con la legislación vigente y resultó un vacío para la información que debía tener el elector para definir su voto. Hubo presentaciones ante el Tribunal Electoral que interpretó con sentido restrictivo la letra de la ley.
En razón de ser un partícipe principal del nacimiento de la norma, fue consultado el ministro Bonfatti quien centró “en el cese campaña publicitaria” el espíritu del único artículo que sobre el tema contiene la ley votada el 2 de julio. “Se quiso evitar las desimilitudes entre los distintos sectores hacia el interior de los partidos, es decir evitar que algunas corrientes se encontraran en desventaja con respecto a otras por tener menor potencial económico para hacer frente a un mes más de campaña publicitaria en los medios. Ése fue el espíritu de la ley”, dijo Bonfatti..
El ministro dijo que “quizás la redacción de la norma en sí no le posibilitó al Tribunal Electoral hacer otra interpretación que la hecha” y deslizó la posibilidad de que los apoderados de las listas oficializadas puedan pedir al Tribunal “una aclaratoria sobre las actividades que pueden realizar, como por ejemplo reunirse en los barrios. De todas maneras -indicó-, la norma incide más en las ciudades grandes como Santa Fe y Rosario que en las localidades pequeñas donde todo el mundo se conoce”.