“Todos los años lo mismo”, es la frase más repetida por los padres al demorarse el inicio del ciclo lectivo de sus hijos. El reclamo se evidencia al contemplarse que, desde la recuperación del sistema democrático, en nuestro país no se ha podido cumplir lo que, incluso, fue fijado por ley en 2003: garantizar un mínimo de 180 días de clase en el año escolar.
El cese de actividades dispuesto por los sindicatos -a nivel nacional y provincial, en gestiones públicas y privadas- sucede a la disconformidad ante una oferta salarial, retrasando el primer día de clases. Luego, el escenario se replica en la segunda semana y, la mayoría de las veces, se extiende algunas más, hasta que se concreta un acuerdo entre las partes. Así, mientras docentes y funcionarios intentan consensuar, la situación se va extendiendo a lo largo del año, acumulando horas fuera del aula en los más chicos y desesperando a los más grandes.
Conforme a su rol y a las urgencias contextuales, los gremios docentes anteponen la condición de trabajadores de la educación a la vetusta vocación de servicio. Por su lado, los funcionarios aducen que las mejoras en el sector no se reducen a una mejora salarial, sino que se reparten en distintos frentes como el incremento en el presupuesto, la inversión en infraestructura y la apuesta por la formación docente -la educación de educadores-.
Pese a las miradas distintas, ambos identifican un problema común: escaso involucramiento ciudadano. Si bien a la Educación -o su falta- se le achaca el origen de todos los males de la sociedad, pareciera ser una variable que no pesa lo suficiente a la hora de votar.
Así como en la película “El día de la marmota” (también conocida como “Hechizo del tiempo”), en la que el protagonista repite su día una y otra vez, la reiteración de la misma escena resulta interminable, hasta convertirse en una pesadilla. Sin embargo, como en todo mal sueño, espera latente la posibilidad de despertar.
A lo largo de estos 35 años de democracia, nunca se completó el ciclo lectivo con 180 días de clase en el nivel primario, según un relevamiento realizado por David Jaume y recientemente reeditado por la organización Argentinos por la Educación. El promedio indica que entre 1983 y 2018 hubo en promedio 12 días de paro. Santa Fe registra una media de 13 días.
En el último año, la situación fue similar. En total, hubo 14 días sin actividades: cinco en marzo (días 5,6, 8, 13 y 14), dos en abril (el 4 y 5), uno en mayo (el 23), dos en junio (el 14 y 25), uno en julio (el 3), dos en septiembre (el 13 y 25) y uno en octubre (el 24).
De ellos, los siete primeros fueron por reclamos provinciales y los siete siguientes por adhesión a manifestaciones nacionales.
La situación camina en el mismo sentido en lo que va del 2019, considerando el contexto recesivo. Se retrasó el inicio del ciclo lectivo durante los tres primeros días y se agregaron otras dos jornadas de paro para la segunda semana, en confluencia de reclamos nacionales y provinciales.
“Es grave que no podamos completar los 180 días de clase”, consideró la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué. “Es muy triste que, en vez de dar oportunidades a los jóvenes, dejemos de lado la educación”, dijo ante la consulta de El Litoral.
En este sentido, Balagué evaluó que “funcionarios, legisladores, dirigentes y cada uno de los argentinos deberíamos unirnos para que sea una prioridad”.
A su vez, remarcó la voluntad del Gobierno frentista de proporcionar estabilidad laboral (con titularización de cargos y obras en establecimientos) y paritarias continuadas, con aplicación de cláusula gatillo, a lo largo de estos últimos once años.
Sin embargo, una realidad más abarcativa indica que los salarios de los docentes argentinos se encuentran entre los más bajos de la región. Medido en dólares, el promedio nacional de poder adquisitivo se ubica en el anteúltimo puesto sobre 37 países, según un reciente informe de la OCDE.
De acuerdo a ello, la secretaria general de Ctera y Amsafé, Sonia Alesso, expresó que “los docentes queremos que haya clases, pero es necesario trabajar en buenas condiciones, edificios en buen estado, material para el aula y chicos alimentados para que puedan afianzar los conocimientos”.
En la gestión privada, la circunstancia presenta matices. Cuando hay un leve crecimiento económico a nivel general en el conjunto social, se produce una migración selectiva hacia este modelo de educación. Pero, incluso, sus docentes suelen recibir más críticas por las medidas de fuerza que en la gestión estatal.
Sobre las causas, Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop, evaluó: “El paro es un emergente de dos cuestiones principales: poco margen de negociación y falta de respuestas a los reclamos salariales”.
Mientras, sobre las críticas examinó que hay “un clima de época, donde se da un desconocimiento de derechos a nivel general”. “Si algunos políticos fundan su discurso en la agresión, muchos ciudadanos se creen con derecho a desconocer derechos legítimos de los trabajadores”, completó.
Los medios y las redes reflejan que las preocupaciones argentinas merodean por los temas de siempre (desempleo, inflación e inseguridad).
En camino a un nuevo año electoral, las discusiones en materia educativa, lo vital de su inversión y lo urgente de su mejora, todavía esperan sentadas en el banco de suplentes.
Ante la consulta por el binomio “educación-voto”, Balagué sostuvo: “Se suele hablar de la educación como la solución de todos los problemas; luego llega el momento de discutir políticas educativas contundentes, inversión alta, ley de educación sólida, evaluación de resultados y ya no hay tanto convencimiento. Por otro lado, a veces sucede que los padres tienen otros compromisos y hacen faltar a sus hijos. Tenemos que repensar todas estas situaciones como sociedad”.
En cambio, Alesso apuntó a los dirigentes políticos: “Creo que es un tema que nos importa a todos, pero que los candidatos lo usan para sus campañas y luego olvidan cuando gobiernan. Es necesario tener en cuenta las acciones y los destinos a donde se dirigen las inversiones de los gobiernos”.
Con un poco más de pesimismo, Bayúgar propuso la desilusión del electorado: “Hay un descreimiento a los programas que proponen los candidatos. Así, esta discusión termina por no mover el amperímetro en las votaciones. Como dice un dicho, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”.
Más horas en clase: ¿una solución?
Según lo establecido en el artículo 26 de la Ley nacional de Educación, todas las primarias deberían implementar la Jornada Escolar Extendida (JEE) con el fin de garantizar mayor cantidad de horas de clase.
Esta estrategia busca suplir la falta de tiempo escolar de los más pequeños, favoreciendo el desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimientos culturales, informativos e incluso deportivos. No obstante, tanto a nivel nacional como provincial se ha dificultado su implementación. Actualmente, en Santa Fe hay 285 escuelas que cuentan con jornada extendida en su currícula.
“Estamos en un proceso de evaluación. Cuando agregamos horas de clase, tenemos que tener en claro para qué lo hacemos y cómo ha sido la evolución en cada escuela. Es muy importante que cada innovación desarrollada tenga un análisis cualitativo y cuantitativo, para luego corregir o profundizar el rumbo”, informó Balagué sobre el estado provincial de las JEE.
Sin embargo, Alesso adujo que no hay una relación directa entre más horas de clase y un mejor aprendizaje. Y encauzó la discusión por el lado de las pruebas estandarizadas como el Operativo Aprender: “En 2017, con más días de paro, los resultados fueron mejores que en 2016, en donde hubo un inicio de ciclo lectivo casi sin problemas. Lo principal es en lo que coinciden todas las evaluaciones: son peores los resultados de los estudiantes cuanto menor es el nivel socioeconómico, con hogares desfavorecidos”, dijo. Y agregó: “Muchas veces, a los maestros se los culpa por cuestiones que los trascienden y se usan los instrumentos para justificar decisiones”.
Respecto de la situación en la gestión privada, Bayúgar aclaró que “es distinta, porque hay más alumnos por aula y el rol docente se dificulta. Además se reciben más presiones, de todo tipo y desde distintos sectores. Por un lado, los padres se quejan más de los problemas, por lo que pagan. Por otro, las patronales no tienen idoneidad en cuanto a la educación, llegando al punto de desconocer el derecho laboral que asiste a los docentes, que no viven de la caridad y la buena voluntad sino del salario”. En ese punto, el sindical reclamó que “debería haber mayor acompañamiento ministerial”.