Unidos contra aumentos de tarifas

Mario Cáffaro

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Preocupados por los impactos en hogares, pymes y comercios, la oposición -tanto a nivel nacional como provincial- unificó sus posturas en la Cámara de Diputados de la provincia y presentó un proyecto de ley para regular la política tarifaria de los servicios públicos prestados por el Estado provincial. El proyecto fue respaldado por una movilización de gremios enrolados en CTA y CGT de Santa Fe más entidades que conforman la Multisectorial contra los Tarifazos de la ciudad de Rosario.

El proyecto de ley lleva las firmas de 15 de los 50 diputados provinciales. Sumaron sus firmas todos los justicialistas más el flamante interbloque Igualdad que ayer presentaron en sociedad Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) y Carlos Del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Concejales justicialistas locales, entre ellos el presidente del cuerpo, Sebastián Pignatta, más dirigentes gremiales de esta capital y de Rosario más comerciantes se dieron cita para apoyar el proyecto y exigir al gobierno provincial que retroceda con los aumentos. “Las tarifas no se pueden pagar. Nos están matando”, exclamó Juan José Sisca, comerciante rosarino.

La presentación del proyecto de ley fue acompañado por dirigentes gremiales de CTA y CGT que se congregaron frente a Legislatura.

El proyecto unificó las distintas iniciativas presentadas por esos 15 legisladores y apunta a volver las tarifas de EPE y ASSA a noviembre de 2018, mantenerlas congeladas en el resto del año; suspender durante el presente año la aplicación de los coeficientes de convergencia para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural; suspender los cortes de suministros de servicios por falta de pago; hacer una revisión integral de tarifas y conformar un fondo de compensación y regulación de tarifas de 7.500 millones de pesos para el corriente año tomando recursos de la mayor recaudación no contemplada aún en el Presupuesto de este año. Ocho páginas fundamentan el proyecto donde abundan trabajos de entidades de consumidores.

“El Gobierno de Santa Fe quiere discutir la reforma de la Constitución pero no quiere discutir condiciones de vida digna para los santafesinos” expresó el justicialista Leandro Busatto al abrir la presentación de la iniciativa.

“El fondo lo proponemos para que nadie nos endilgue que queremos desfinanciar a la EPE”, aclaró Silvia Simoncini (PJ) quien habló de emergencia económica para miles de hogares y comercios “y por ende la política tiene la solución”. Agregó que la quita de subsidios no puede ser excusa para la suba. “Hubo subsidios hasta el 2015, sin embargo los incrementos de la EPE fueron repitiéndose. Desde 2008 a la fecha la tarifa eléctrica se incrementó casi 1.500% y entre noviembre de 2015 y diciembre pasado otros 200% contra 68% de aumento de salarios”, graficó.

Enseguida Giustiniani instó a terminar con los tarifazos. “Hay una aranguerización en el país; hay un contagio de la política de Aranguren en la provincia de Santa Fe. Le meten la mano en el bolsillo en la gente con los tarifazos”.

Héctor Cavallero (PPS), a su turno, también abundó en datos para asegurar que la EPE está entre las tres empresas más caras de venta del kw. Se fundamentó en cuadros del 19 de marzo con clientes que consumen hasta 264 kws mensuales.

“Es un proyecto viable y responsable” añadió Claudia Giaccone quien prometió que habrá adhesión de vecinos autoconvocados de varias ciudades. En tanto, Luis Rubeo hizo notar que en cada factura que emite la EPE se paga casi un 24% de impuestos por sobre la tarifa y le reclamó reacción al gobierno para evitar esos componentes que van a electrificación rural, tasas de contraste, o tasas municipales.

Después fueron los dirigentes gremiales los que dieron sus puntos de vistas muy críticos con los sistemas y aclarando que no todo es responsabilidad del gobierno nacional ya que la provincia adiciona sus costos.

Algunos alcances

El proyecto además de proponer retrotraer las tarifas de agua corriente y electricidad a los valores de noviembre de 2017, prohibe que se corte el suministro eléctrico por falta de pago a quienes no hayan podido afrontar los aumentos, por ejemplo, quienes se encuentran desempleados o perciban la jubilación mínima o asignación familiar por hijo. También incorpora una revisión tarifaria de la EPE, con medición y facturación mensual y no bimestral, como hasta ahora. “Así, la enorme mayoría de los usuarios no superaría o lo haría con escaso margen- los 300 kw. De esta manera, el monto a pagar se reduciría claramente, ya que la EPE factura los primeros 150 kw a un precio, los segundos 150 kw a un precio mayor, y el excedente de esos primeros 300 kw a un monto muy superior”, se explicó.

Según datos oficiales, entre 2008 y 2016 la compra de energía de la EPE aumentó un 527%. En ese mismo período, la EPE aumentó sus ingresos por venta de energía (es decir, lo que cobra por su facturación) un 813%.

Ejemplo

Los diputados explicaron con números la decisión de facturar mensualmente y no bimestralmente. Se explicó que si una familia consume 500 kw en un bimestre, la EPE le cobra hoy 1,30 pesos los primeros 150 kw; 2,06 los segundos 150 kw y 2,63 por cada kw excedente, sólo de consumo hoy paga 1.030 pesos, a lo que se le deben sumar impuestos, cuota de servicio y alumbrado público. Si la facturación pasara a ser mensual, con el mismo consumo, pagaría 401 pesos el mes (802 el bimestre, más impuestos, cuota de servicio y alumbrado público) lo que implicaría una baja de más del 20% para los usuarios.