La construcción podría generar 4.500 puestos de trabajos en la provincia si se reactivan obras paralizadas tras la cuarentena. Es una de las actividades sectoriales que el gobierno nacional evalúa habilitar parcialmente en el marco de una salida segmentada del aislamiento social obligatorio, en el marco de la pandemia.
Cabe señalar que la provincia continúa sin pagar a los proveedores del Estado. En este contexto sigue habiendo muchas obras públicas provinciales frenadas por esta causa. Y muchas están rescindiendo los contratos con causa.
Las delegaciones de Santa Fe y Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción plantean al Poder Ejecutivo santafesino un esquema que, según evalúan, permitiría reactivar a toda la cadena de valor del sector e impactar en la economía general por su efecto multiplicador. Lo harían con un acuerdo previo de protocolo único de condiciones sanitarias.
Las delegaciones provinciales de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) proponen una serie de iniciativas para colaborar con el gobierno provincial en la atención de la emergencia económica, que también atraviesa la sociedad santafesina, una vez superado el período de cuarentena.
Con la sola reactivación de las obras con contrato paralizadas -señalan- se podrían generar rápidamente más de 4.500 puestos de trabajo registrados en forma directa y otro tanto o más en forma indirecta. “Además del efecto multiplicador que tiene la puesta en marcha sobre toda la cadena de la construcción” (fábrica de materiales, comercios, talleres, profesionales, etc), evaluaron. Recordaron que algunas actividades de ferretería y corralón ya están exceptuadas por esenciales dentro del marco normativo del aislamiento obligatorio.
Los representantes de Camarco están convencidos que se puede establecer con el gobierno de Omar Perotti un proceso inmediato de reprogramación y reactivación de los contratos existentes que este de acuerdo a las posibilidades financieras del estado provincial.
El plan de reactivación analizado por las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción contempla que el pago a cuenta de la deuda que tiene la provincia con las empresas -poco más de 3.000 millones de pesos- serviría para darle un desahogo financiero a las mismas y se destinaría al pago de jornales para recuperar los puestos de trabajo perdidos.
Desde las conducciones de ambas delegaciones estimaron que una decisión de este tipo, coordinada con las posibilidades financieras de la provincia y las empresas constructoras, puede ser el eje motor de la reactivación económica y del empleo en la provincia.
En la consideración empresaria, la puesta en marcha de estas obras permitiría aliviar la actual crisis -sin precedentes- en que encuentran el sector de la construcción de desfinanciamiento y quebranto económico que pone en riesgo la continuidad de muchas de las pymes y las fuentes de trabajos directas e indirectas que éstas generan.
En contacto con ministros
Los empresarios de la construcción de Santa Fe estuvieron en las últimas horas en contacto con los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman. Las autoridades santafesinas recibieron un informe del fuerte impacto que causó la pandemia y la prevención por vía del aislamiento.
El secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, se ha dedicado a recolectar las denuncias gremiales por la paralización de la obra privada; las empresas han advertido que la actividad bajó “a cero” y que el horizonte inmediato no es el de pérdida de puestos de trabajo sino el de quebranto de todo el sector, en una situación donde no aplican las normas ordinarias por resultar de carácter extraordinario.
Más allá de los casos particulares, la reactivación de la obra pública depende de una decisión política del gobernador. Los ministros Sukerman y Frana se han mostrado coincidentes en la necesidad de “ir hacia adelante”; falta la decisión política, que hasta el momento se mantiene en un comprensible hermetismo.
El Ejecutivo santafesino analiza por estas horas el nuevo escenario financiero. La provincia tendrá algo de ayuda nacional pero al mismo tiempo un fuerte impacto de recaudación propia y baja de coparticipación. La posibilidad abierta por las leyes de Necesidad y de asistencia ante el Coronavirus, para tomar financiamiento, encuentra un mercado de crédito restringido.
Y la solución cordobesa de emitir bonos para pagar a las empresas despejaría la posibilidad de pagar con esos valores las deudas fiscales. Pero no posibilitaría pagar salarios. Y el ingreso de los trabajadores es, en palabras del propio Sukerman, el bien a preservar en la gestión pública.
Los trabajadores de la construcción desarrollan por lo general su actividad en ambientes abiertos y sin hacinamiento. Y se movilizan en su gran mayoría en motos o bicicletas para trasladarse a los lugares de trabajo. Son dos aspectos que permitirían evaluar entre empresas, autoridades y gremio, un protocolo de habilitación segmentada de la actividad. En ese marco buscarían además un acuerdo con las ART. El transporte público (colectivos y trenes) ha sido uno de los aspectos decisivos por los que el presidente Alberto Fernández postergó el fin de la cuarentena.