El Gobierno nacional, a través de la Resolución 186/2023, publicada en el Boletín Oficial, prorrogó por un año la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que vencen en 2023. También afecta a los certificados que vencían en 2022 y que ya habían sido extendidos.
Las dificultades que refiere el organismo son las decenas de pedidos de familiares y pacientes que, ya desde fines de 2022, vienen reclamando que no hubiera que renovar este documento, clave para la cobertura de un medicamento o para el derecho a viajar sin cargo en transporte público.
La campaña, impulsada en las redes sociales, apunta a las complicaciones en la renovación: los certificados suelen ser expedidos por dos años y los turnos con la Junta Médica Evaluadora pueden tener siete meses de demora, lo que obliga a comenzar la ronda de trámites casi apenas obtenido el CUD.
Mirá tambiénCertificado de discapacidad: el Gobierno implementa cambios para simplificar y optimizar el accesoPlan de mejora en la Certificación
Se trata del primer paso de implementación del plan de mejora en la Certificación que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció el organismo.
La ANDIS instituyó el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad: “Se trata de una propuesta integral con el fin de mejorar los procesos y la normativa vigente para la Certificación de la Discapacidad, a partir de la optimización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación y acompañamiento de las personas con discapacidad”.
Por ello la mencionada agencia nacional consideró que con la oficialización de la prórroga de vencimiento de certificados fue “el primer paso efectivo hacia la implementación de este Plan que se está desarrollando, y se adopta ante las dificultades que se han experimentado en algunas jurisdicciones con el objetivo que ninguna de las prestaciones que derivan de la vigencia del CUD se vea interrumpida como el sistema de prestaciones básicas, gratuidad del servicio de transporte público, entre otras”.
Mirá también¿De qué inclusión hablamos en políticas de discapacidad? En este marco, se Instruyó a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios para que se proceda a la implementación administrativa y operativa de la presente medida, y realice las acciones necesarias a tal efecto. “Asimismo, corresponde instruir a dicha Dirección Nacional a fin de propiciar la notificación del presente acto resolutivo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por intermedio de la Dirección Ejecutiva de esta AGENCIA, como así también a los organismos y jurisdicciones responsables de evaluar y certificar discapacidad”, se comunicó en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.
En Argentina se estima que unos 5 millones de ciudadanos tienen algún tipo de discapacidad, el 55% son mujeres y 45%, varones. De este total, 8 de cada 10 están desocupados.
Dentro de ese universo, según el último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 argentinos con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.