Desde el gobierno nacional se disolvieron este lunes otros tres fondos fiduciarios mediante decreto publicado en el Boletín Oficial.
Se trata del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el encargado de la Vivienda Social y que debe brindar acceso de todos los habitantes argentinos a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Desde el gobierno nacional se disolvieron este lunes otros tres fondos fiduciarios mediante decreto publicado en el Boletín Oficial.
Se trata del Fideicomiso "Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar" (PRODAF), el "Fondo Fiduciario del Servicio Universal" y el "Fondo Fiduciario para la Vivienda Social".
El "Fondo Fiduciario del Servicio Universal" corresponde a las tareas de posibilitar el acceso de todos los habitantes de Argentina a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades. Se implementaba a través del ENACOM.
El "Fondo Fiduciario para la Vivienda Social” actuaba como garantía de las operaciones de crédito intermedio para el desarrollo de viviendas. Debía garantizar las operaciones mediante su fondo de riesgo que se nutrirá con recursos del FONAVI y otros recursos de aquellas provincias que adhieran al Programa.
La medida se establece mediante el Decreto 6/2025, el cual cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; el canciller, Gerardo Werthein; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Desde el gobierno argumentan que la decisión, impulsada por el Ministerio de Economía, responde a auditorías que evidencian la falta de justificación en la ejecución de proyectos y la necesidad de reestructurar la administración pública.
La disolución de estos fondos puede afectar el acceso a servicios de TIC y programas de vivienda social, impactando directamente a los beneficiarios de estas iniciativas. Además, se establece que las obligaciones de los fiduciarios continuarán vigentes para asegurar una adecuada liquidación de los fondos disueltos. Esta normativa refleja un cambio significativo en la gestión de recursos públicos en Argentina.
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