Mientras las protestas continuaban en Colombia, representantes del Comité Nacional del Paro y legisladores mantuvieron una audiencia pública para buscar una solución conjunta a las demandas sociales que derivaron en ocho días consecutivos de manifestaciones y una feroz represión que hasta el momento dejó 24 muertos y más de 800 heridos.
Por su parte, el presidente Iván Duque, comenzó su ronda de diálogo con los titulares de los principales órganos del Poder Judicial del país, mientras su ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que el mandatario está dispuesto a encontrarse también con los líderes de las protestas.
No obstante lo anterior, desde la calle, mientras las invitaciones a diferentes movilizaciones y vigilias seguían circulando, así como las recomendaciones para evitar las confrontaciones con las fuerzas de seguridad, muchos manifestantes pidieron primero una desmilitarización de las ciudades y el fin de la represión.
El clima de tensión se enrareció aún más en Colombia cuando el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunció que Duque y el representante del Comité Nacional del Paro ya acordaron una reunión para el próximo lunes. "La invitación está aceptada, ellos solicitan que no sea en Palacio", detalló el funcionario en diálogo con Radio Blu. Aunque la represión y los disturbios bajaron su intensidad en las últimas horas, las denuncias y reclamos por los muertos y decenas de desaparecidos no paran de multiplicarse, dentro y fuera del país.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta ahora son 24 los muertos en el marco de las protestas, 23 civiles y un policía, aunque esta cifra dista mucho de las recabadas por el Comité Nacional del Paro. Una de las voces que se sumó al coro de reclamos internacionales fue la del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrel.
"Las personas en Colombia, como en cualquier otro lugar, tienen derecho a protestar pacíficamente. Este derecho, unido a la libertad de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión es fundamental para toda democracia debe ser respetada y protegida, no reprimida por la fuerza", señaló Borrel.
Con esta presión internacional bien presente, un diálogo comenzó a forjarse en la víspera por primera vez desde que comenzó este movimiento de protestas contra una reforma impositiva que el gobierno colombiano ya se vio obligado a retirar del Congreso.
"Persiguen, reprimen, hieren"
"En el marco del respeto de todos los ciudadanos, tanto de quienes protestan como quienes no lo hacen, respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desinstalar la violencia", resumió Antonio Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional. Tras el encuentro de Duque con los referentes de la Justicia, empezó en el Senado otro diálogo, que incluyó a representantes de las organizaciones que hace una semana están en las calles.
Uno de los miembros del comité que intervino en la audiencia, Omar Moreno, director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, fue contundente, al responsabilizar al gobierno nacional por la violencia vivida en los últimos días, viralizada en las redes sociales. Moreno denunció, además, "la ausencia de la Defensoría del Pueblo", y sumó una demanda que demuestra que las protestas no se limitan solo a la reforma tributaria: exigió al plenario del Senado la negociación del pliego de emergencia sobre la privatización de la salud y reforma laboral que el gobierno intentó hacer aprobar.
"Del 28 de abril, cuando iniciamos nuestra protesta social pacíficamente por consecuencia de las medidas de este gobierno, grandes sectores de la población hemos sufrido en carne propia una escalada militar de días y de noches de terror de los organismos de represión del estado, policía nacional, el Smad (fuerza antidisturbios), grupo de limpieza ciudad y policías vestidos de civil, con ayuda del Ejercito", denunció Moreno.
"Persiguen, reprimen, hieren y han asesinado no solo a líderes, sino que disparan indiscriminadamente a la población en general", expresó, durante la audiencia transmitida en vivo por YouTube. "Según los informes de distintas organizaciones de derechos humanos, hasta la fecha se reportaron más de 1.780 casos de violencia, 1.180 detenciones arbitrarias, 37 asesinatos, de los cuales 28 tuvieron lugar en Cali y seis asesinatos que no han sido registrados porque Médicos Sin Fronteras los atendió, pero la policía llegó y se los llevó", agregó.
De acuerdo a las cifras relatadas por Moreno, se contabilizaron más de 407 heridos por las fuerzas de seguridad, 42 desaparecidos reportados, 31 personas con mutilaciones oculares, 15 agresiones sexuales de mujeres por parte de las fuerzas públicas, 10 allanamientos y 58 defensores de derechos humanos agredidos.