El Litoral
En la represión de las manifestaciones opositoras
La Corte Penal Internacional examina a Venezuela por "fuerza excesiva" de la policía
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional le abrió un examen preliminar a Venezuela por la "fuerza excesiva" de la policía para "dispersar y reprimir manifestaciones" y los "graves abusos" cometidos a detenidos, informó ese organismo.
Internet 13:58
Télam
El examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en Venezuela a partir de ese mes, cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, según indicó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo puntualizó que se investigará la "fuerza excesiva" de las fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de "miles de miembros de la oposición, reales o aparentes", algunos de los cuales "habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos".
La Fiscalía reconoce que, en esas protestas, "algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos", lo que provocó "lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", informó la agencia de noticias EFE.
Esta investigación preliminar es un "proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación".
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, por lo tanto, no intervendría si la justicia de Venezuela investigara genuinamente los hechos.
Según informó la Fiscalía sostuvo que no hay tiempo establecido sobre el examen preliminar, ya que depende de "los hechos y circunstancias de cada situación" y se reserva el derecho de continuar recopilando información para establecer si inicia una investigación de pleno o si no hay una base razonable para proceder.
Por otra parte, la Fiscalía abrió hoy otra investigación preliminar a Filipinas por crímenes presuntamente cometidos desde julio de 2016 durante la campaña denominada "guerra contra las drogas", lanzada por su presidente Rodrigo Duterte.
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