El Litoral
Este lunes, el ex presidente catalán Carles Puigdemont será llevado ante el juez del Tribunal de instrucción de Neumünster, próximo al centro penitenciario donde se encuentra recluido desde el domingo tras su detención en el norte de Alemania.
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El juez deberá confirmar su identidad, analizar las razones de su detención y dictaminar si mantiene a Puigdemont bajo custodia policial hasta que se resuelva su entrega a España, un paso que podría demorarse entre diez y 60 días, o si lo pone en libertad con medidas cautelares.
Teóricamente existe la posibilidad de que el tribunal decida poner en libertad a Puigdemont. Sin embargo, esto no es lo normal, informó este lunes una portavoz de la Fiscalía General en Schleswig.
El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, señaló en una entrevista con Radio Euskadi que no se puede "dar por hecho" que su defendido vaya a ser entregado a España porque considera que la directiva europea establece que "para proceder a la entrega, han de existir garantías de que la persona entregada tendrá un juicio justo en el país requerido".
Asimismo, sobre el debate de si el delito de rebelión que pesa sobre Puigdemont es equiparable al de alta traición que existe en Alemania, la defensa reconoció que así es, pero indicó que ése no es el debate.
Si la Justicia alemana decide mantenerlo en prisión preventiva, el político catalán volverá al centro penitenciario, donde desde primera hora de la mañana una treintena de periodistas hace guardia a las puertas, muchos de ellos de medios españoles, para seguir de cerca la situación de Puigdemont.
Tras su paso ante el Tribunal de primera instancia y una vez la Fiscalía presente el proceso de extradición, le toca el turno ahora al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, en Schleswig, que deberá analizar la documentación de España sobre el caso para ver si la extradición está justificada y si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente.
A continuación, en el caso de que no haya ningún impedimento legal para una extradición, la Fiscalía general del estado de Schleswig será la que tenga la última palabra sobre la entrega del político catalán a España.
Puigdemont fue interceptado en la mañana del domingo en un área de servicio junto a la autopista A7 tras ingresar desde Dinamarca a Alemania por la frontera norte en respuesta a una orden de captura europea activada por el Tribunal Supremo español el viernes.
El pedido de captura sorprendió a Puigdemont en Helsinki, adonde había viajado el jueves para mantener reuniones en el Parlamento finlandés y ofrecer una conferencia en la universidad.
La reactivación de la orden le llevó a cambiar su vuelo por un viaje en coche desde Finlandia hasta Bélgica, donde vive desde hace casi cinco meses después de que abandonara España tras ser destituido por el Gobierno central debido al plan independentista en Cataluña, que culminó el 27 de octubre con el Parlamento regional aprobando la creación de una república.
Para España, la detención en Alemania es más favorable que si hubiera ocurrido en algún otro lugar de la Unión Europea. Este país es uno de los que mantiene mejores relaciones de cooperación policial con España e incluye en su código penal delitos equiparables al de rebelión que se imputa a Puigdemont. Su arresto en Alemania plantea por eso al independentista un problema mayor que si hubiese ocurrido en Bélgica.
El ex presidente catalán está procesado por un delito de rebelión agravada, castigado con hasta 30 años de cárcel, vinculado al proceso independentista. Un total de 25 de los 28 investigados por el plan soberanista fueron procesados el viernes por diversos cargos y quedaron así a un paso de ser juzgados.