El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado este martes de intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, con un plan que incluía envenenar a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y asesinar a un juez del Supremo Tribunal Federal.
La denuncia, presentada por el fiscal general Paulo Gonet Branco, también implica a otras 33 personas, incluyendo militares, secretarios y exministros, por delitos contra la democracia brasileña.
El organismo presentó cargos "contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho", expresó en un comunicado.
Entre los cargos se incluyen tentativa de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave contra patrimonio federal, además de la participación en una organización criminal.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Créditos: Adriano Machado/Ruters
La Fiscalía afirma que existía una organización criminal que tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto), que buscaba impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La denuncia también señala que ambos "aceptaron, alentaron y ejecutaron actos tipificados en la legislación penal como un atentado contra el bien jurídico de la existencia e independencia de los poderes y el estado democrático de derecho".
El Supremo Tribunal evaluará si ordena su detención
"Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe en el que se barajaba incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez" de la corte suprema, detalló el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño.
Una indagación de la Policía Federal concluyó que el intento de golpe de estado no se llevó a cabo por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. Sin embargo, los acusados hicieron "un último intento" el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, "incentivados" por el expresidente y sus colaboradores.
El ente acusador basó su decisión en "manuscritos, archivos digitales, planillas e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático".
Esta es la primera vez que un expresidente de Brasil es acusado por la Fiscalía General de comandar un golpe de Estado. El caso será evaluado por el Supremo Tribunal Federal, que determinará si procede la detención de Bolsonaro y su enjuiciamiento. De ser hallado culpable, el exmandatario podría enfrentar una condena de hasta 28 años de prisión.
El equipo legal del expresidente manifestó que recibió las acusaciones con “consternación e indignación”, y sostuvo en un comunicado que Bolsonaro “nunca ha estado de acuerdo con ningún movimiento cuyo objetivo sea el de desmantelar el estado de derecho democrático o las instituciones que lo sustentan”.
Bolsonaro, por su parte, negó cualquier irregularidad y desestimó la gravedad de la imputación. “No tengo preocupaciones sobre las acusaciones, cero”, declaró a periodistas el martes, horas antes de que se conociera la denuncia, durante una visita al Senado en Brasilia. “¿De casualidad han visto el decreto del golpe? No lo han visto. Yo tampoco”, añadió.
Además de esta acusación, Bolsonaro enfrenta otras investigaciones penales, incluyendo la supuesta apropiación indebida de joyas valiosas y fraude en certificados de vacunación contra la COVID-19. Asimismo, la Justicia Electoral lo inhabilitó hasta 2030 por deslegitimar las instituciones democráticas y difundir noticias falsas sobre el proceso electoral.
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