La Fiscalía peruana incluyó a la presidenta, Dina Boluarte, y al expresidente Pedro Castillo en una investigación por presunta financiación ilegal y lavado de activos durante la campaña electoral de 2021.
Financiamiento ilegal
La Fiscalía de Perú investigará a Boluarte y Castillo por lavado de activos
La presunta comisión del delito se habría producido durante la campaña electoral de 2021.
La actual mandataria y el expresidente serán investigados por presunta financiación ilegal y lavado de activos durante la campaña electoral de 2021. Crédito: Xinhua. 13:01
La información la dio a conocer el propio organismo, a través de un mensaje en la red social Twitter.
"La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de (el partido) Perú Libre en el 2021", agregó. En ese momento, Castillo postulaba a la presidencia peruana y Boluarte a la vicepresidencia en la misma fórmula electoral.
La decisión fue tomada por el fiscal del caso, Richard Rojas, luego que Shimabukuro, exasesor presidencial de Castillo, declarara tener pruebas de que Boluarte estaba al tanto de supuestas irregularidades en la recolección de fondos electorales.
Los tres personajes eran investigados por este caso desde octubre de 2021, cuando surgieron las primeras denuncias de financiamiento ilegal. En ese momento Castillo ya era presidente y Boluarte la número dos del Gobierno.
El anuncio se produjo antes de que el Congreso, debata la admisión de una moción de destitución a la presidenta. Para que sea aprobada porque se necesitan 52 votos para ello, y la izquierda cuenta con 35.
Boluarte tiene abierta en la Fiscalía otra investigación desde enero, por presunto delito de "genocidio" a raíz de la feroz represión para frenar las protestas que estallaron pidiendo su renuncia, luego que asumiera la presidencia en diciembre.
Desde diciembre, mes del inicio de las protestas, 49 civiles han muerto en los enfrentamientos, y también siete uniformados en el contexto del conflicto, según la Defensoría del Pueblo.
Boluarte fue vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el Parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple hasta 36 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión y presuntos hechos de corrupción.
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