Haití pidió a Estados Unidos y a la ONU que envíen soldados al país para proteger sus puertos, aeropuerto y otros sitios estratégicos ante temores de caos interno tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Dos días después de que el mandatario fuera asesinado en un ataque armado contra su residencia, "pensamos que los mercenarios (a los que se acusa del crimen) podrían destruir alguna infraestructura para crear caos en el país", dijo este viernes por la noche el ministro de Gobierno haitiano, Mathias Pierre.
"Durante una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos (Anthony Blinken) y la ONU hicimos esta solicitud", agregó, citado por la agencia de noticias AFP.
El Departamento de Estado y el Pentágono confirmaron haber recibido una solicitud de "asistencia de seguridad e investigación" y dijeron estar en contacto con las autoridades del país caribeño, pero no especificaron si se desplegarían tropas militares.
Asimismo, una fuente diplomática de la ONU dijo que recibieron el pedido, pero que se necesita una resolución del Consejo de Seguridad para enviar un contingente.
Washington ya dijo que enviará lo antes posible al FBI y a otros agentes a Haití para evitar más caos tras el magnicidio.
Mientras tanto, Haití intenta determinar quién ordenó el ataque presuntamente ejecutado por un escuadrón armado de 28 personas: 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.
De ellas, 15 colombianos y dos estadounidenses fueron arrestadas, tres colombianos fueron abatidos por la policía y otros ocho permanecen prófugos, dijo la policía haitiana.
Hay cierta discrepancia en los números con informes de otras fuentes oficiales.
Altos mandos del ejército y la policía de Colombia informaron que al menos 17 exmilitares colombianos están presuntamente implicados en el magnicidio.
Por su parte, Taiwán dijo que 11 sospechosos fueron detenidos en el complejo de la embajada taiwanesa en Puerto Príncipe cuando intentaban conseguir protección.
Mientras tanto, en la capital haitiana, conmocionada y paralizada por el estado de sitio, la gente intentaba ayer reanudar sus actividades cotidianas, aunque bajo un manto de aprensión.
Las personas se apuraban a abastecerse de productos de primera necesidad en los supermercados o hacían fila en las estaciones de servicio para comprar el gas que utilizan para cocinar, en previsión de más días de inestabilidad.
En este país de 11 millones de habitantes, más de la mitad de ellos menores de 20 años, todos se preguntan cómo pudo ocurrir un ataque fatal contra el jefe de Estado.
Varios altos cargos de la policía, responsables directos de la seguridad del presidente haitiano, están en la cuerda floja y fueron citados a comparecer ante la justicia, anunció el jueves el jefe de la fiscalía de Puerto Príncipe, Bed-Ford Claude.
"Moïse fue asesinado por sus agentes de seguridad. No fueron los colombianos quienes lo asesinaron. Fueron contratados por el Estado haitiano", dijo en la radio el exsenador Steven Benoit.
El magnicidio desestabiliza aún más al país más pobre de América, asolado por la inseguridad, que ahora carece de presidente y de Parlamento activo, mientras dos hombres afirman estar al mando y se disputan el cargo de primer ministro.
Uno de los últimos gestos políticos de Moïse fue nombrar el lunes a Ariel Henry como nuevo primer ministro, en sustitución de Claude Joseph.
Henry aún no había tomado posesión del cargo en el momento del asesinato.
Poco después del atentado, el primer ministro en funciones Joseph declaró el estado de sitio durante quince días, otorgando al Ejecutivo mayores poderes.
Mientras la oposición acusa a Joseph de acaparar el poder, la enviada de la ONU a Haití, Helen La Lime, estimó que él es la autoridad legítima, ya que Henry no ha sido juramentado.