El Litoral
El gobierno de Mariano Rajoy inició los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional español la candidatura de Carles Puigdemont como presidente regional de Cataluña, anunció la "número dos" de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.
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DPA
Puigdemont fue propuesto este lunes por los soberanistas como único candidato a ser investido jefe del gobierno regional en una sesión que el Parlamento en Barcelona debe celebrar la semana próxima, posiblemente el martes o el miércoles.
Sin embargo, el ex presidente catalán está huido en Bruselas y tiene una orden de captura pendiente en España, lo que le impediría acudir personalmente a la sesión y participar en el debate con el resto de grupos.
Madrid considera por eso que el estatus jurídico del ex jefe del gobierno catalán es "incompatible" con la decisión de elegirlo como candidato anunciada por el nuevo presidente del Parlamento catalán, el también independentista Roger Torrent, y dio por eso el primer paso para impugnar la medida.
En concreto, Rajoy pidió un informe preceptivo al Consejo de Estado sobre el tema, paso previo a la impugnación ante el Constitucional que el gobierno español presentaría de forma inmediata, incluso mañana mismo, tras recibir una respuesta afirmativa del Consejo de Estado.
"Si se admite, supondría paralizar los efectos de esa decisión, porque el estado actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia en la Cámara", explicó Sáenz de Santamaría. "Carece del derecho de libertad deambulatoria, porque tan pronto como entre en territorio nacional debe ser puesto a disposición judicial".
El gobierno también pidió un segundo informe para aclarar si podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional el voto delegado de "personas que están fuera del territorio nacional para eludir la acción de la Justicia", la otra clave que determinará si Puigemont puede ser investido.
Además del ex "president", hay otros cuatro diputados que se encuentran con él en Bruselas y que tienen órdenes de detención en España por los mismos delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación vinculados al plan soberanista.
Sin esos cinco votos, el bloque independentista perdería la mayoría absoluta en el Parlamento catalán y no podría elegir a Puigdemont o a otro candidato como nuevo presidente. Por eso los soberanistas intentarán que los cinco huidos deleguen su voto en otro diputado, el segundo paso que quiere impugnar Madrid.
Con los pasos anunciados hoy inesperadamente por el gobierno español, Madrid busca adelantarse a los soberanistas y cerrar todas las puertas posibles a la posible investidura de Puigdemont, el hombre que el año pasado abrió una crisis institucional sin precedentes en España con su desafío independentista.