La junta militar de Birmania ultima una ley de ciberseguridad que le permitirá interrumpir temporalmente internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios, todo ello cuando continúan las detenciones a políticos tras el golpe de Estado.
La junta militar de Birmania ultima una ley de ciberseguridad que le permitirá interrumpir temporalmente internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios, todo ello cuando continúan las detenciones a políticos tras el golpe de Estado.
El intento de controlar internet llega mientras este jueves, por sexto día consecutivo, hubo protestas, aunque más dispersas y menos multitudinarias, a lo largo del país contra el levantamiento militar que acabó con el Gobierno electo de Aung San Suu Kyi.
Según el borrador de una directriz a la que tuvo acceso Efe, la Junta exige que los proveedores guarden un registro de los usuarios (IP, teléfono, dirección, uso de datos y otra información necesaria) durante tres años y entregarlo cuando se les pida.
Aquellos que no faciliten los datos de acuerdo con la ley se enfrentarían a penas de hasta tres años de cárcel y multas de 10 millones de kyat (7.100 dólares o 5.800 euros).
Por su parte, en un comunicado conjunto, 160 organizaciones civiles birmanas denunciaron que la propuesta de ley vulnera los derechos digitales, la privacidad y otros derechos humanos, al tiempo que subrayaron que el Gobierno militar no tiene autoridad legal para legislar.
Unas de las ONG firmantes, Myanmar ICT for Development Organization (MIDO), indicó en Twitter que el Gobierno militar envió a varias compañías de telecomunicaciones en el país la propuesta de ley, que permitirá aumentar la censura y la vigilancia.
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Siguen las protestas y detenciones
Entre los arrestados, figuran Kyaw Tint Swe, un aliado cercano a Aung Suu Kyi y otros cinco políticos vinculados al Gobierno depuesto por los militares, informó hoy un portavoz de la LND.
Este jueves, los manifestantes se congregaron de nuevo para exigir la liberación de los detenidos, el final de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, muy favorable a las fuerzas armadas.
Más de 200 personas, incluidos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de San Suu Kyi, han sido detenidas desde el golpe de Estado del 1 de febrero, según una ONG que ayuda a los presos políticos, aunque 20 han sido liberadas, informó este jueves la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.