En una reunión de los tres poderes del Estado, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dejó claro su respaldo a Carabineros, la casi centenaria policía nacional chilena (fue creada en 1927), con estructura de cuerpo militar. Sin embargo, después de las críticas y las denuncias por la reciente represión de la fuerza del orden, que terminó con un manifestante de 16 años inconsciente en el río, condenó toda acción que atente contra los derechos humanos.
A menos de veinte días de la realización del plebiscito, que permitirá a los chilenos decidir si se redacta una nueva Constitución o se mantiene la creada en 1980 por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, Piñera convocó a esta reunión poco usual para "analizar y poder coordinar la acción de los distintos Poderes del Estado en estos tiempos de adversidad que vive el país viviendo y en este mes tan trascendente".
El mandatario condenó la represión de la protesta del viernes pasado, en la que un carabinero empujó a joven manifestante hasta que éste cayó en el lecho del río Mapocho, quedó inconsciente y solo fue rescatado gracias a sus compañeros que bajaron y lo sacaron de allí. Piñera también lamentó la muerte de un trabajador en la ciudad sureña de Collipulli, a mano de sujetos encapuchados, pero fue contundente en su defensa de las fuerzas de seguridad del país.
"Junto con lamentar lo ocurrido, quiero expresar nuestro profundo respaldo a la institución de Carabineros de Chile que, por mandato constitucional, tiene la función fundamental de proteger el orden público y la seguridad ciudadana, y que tiene que hacerlo siempre utilizando los instrumentos que la Ley le otorga, el uso de la fuerza legítima y proporcional", dijo el jefe de Estado.
Tras ese apoyo, Piñera intentó apaciguar las crecientes críticas desde adentro y fuera del país y advirtió que Carabineros "también siempre tiene que ajustar su actuación al respeto irrestricto de los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Y, por supuesto, cumplir con sus protocolos y con lo que establece la ley".
Como sucedió tras otras represiones que desataron una lluvia de denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos, Piñera puso el acento en la vía judicial.
El presidente Piñera informó que tanto el gobierno como Carabineros han puesto todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, para que se pueda hacer una investigación "profunda y exhaustiva, que esclarezca los hechos y descubra la verdad". Adicionalmente, el jefe de Estado propuso que el Congreso agilice el trámite de una ley que moderniza al cuerpo policial, "cuyo único objetivo es fortalecer a Carabineros de Chile para que cumpla mejor y con mayor eficacia su rol: proteger la seguridad ciudadana y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todos".
La escalada de presión contra el gobierno por este nuevo caso de represión a manifestantes opositores ya se había hecho sentir el lunes último, cuando tanto el director general de Carabineros, Mario Rozas, como el ministro de Interior y Seguridad, Víctor Pérez, comparecieron ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Los dos funcionarios defendieron las acciones de los carabineros, pese a las acusaciones oficiales en contra de Sebastián Zamora Soto, el policía imputado por homicidio frustrado (quien está en prisión preventiva mientras dure la investigación por la represión del viernes de la semana pasada), sumada a la agresión contra el joven de 16 años que resultó herido y hospitalizado.
"Constantemente se pide mi renuncia, pero yo tengo un mandato presidencial que cumplir. Mi deber es continuar hasta cuando su excelencia, el presidente de la República, así lo estime pertinente", manifestó Rozas, al rechazar los reclamos en su contra. En paralelo, la oposición anunció que la semana próxima intentará abrirle un juicio político al ministro Pérez, responsable político de Carabineros.
La víctima, cuyo nombre se mantiene en secreto por ser menor de edad, permaneció durante varios minutos inconsciente en el lecho del río, de donde solo fue socorrido por otros manifestantes. Tras ser rescatado, quedó internado en la Clínica Santa María con múltiples fracturas. Según Carabineros, ahora está fuera de la unidad de cuidados intensivos, pero sigue en calidad de detenido.
Chile vive desde el 18 de octubre de 2019 una severa crisis social, con masivas manifestaciones que pusieron en jaque este segundo Gobierno del presidente Sebastián Piñera e instalaron en la agenda política inmediata cambios estructurales, entre ellos, la posibilidad de una nueva Constitución. Las manifestaciones contra el gobierno y a favor de una nueva Constitución se detuvieron durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, pero en las últimas seis semanas comenzaron nuevamente, cuando restan menos de tres semanas para el plebiscito.