El Litoral
Estudiantes universitarios de Nicaragua demandaron al Gobierno de Daniel Ortega que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigar las muertes y supuestas torturas a jóvenes detenidos durante las protestas en este país.
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dpa
“Exigimos al Estado de Nicaragua aceptar en no menos de siete días que la CIDH y los relatores de derechos humanos de la ONU vengan a investigar lo ocurrido", indicó un comunicado emitido la noche (local) del miércoles por el Movimiento Universitario 19 de Abril (M19A), que protagonizó recientes protestas en el país.
Víctor Quadras, vocero del movimiento que surgió con las protestas del mes pasado, dijo que si el gobierno no acata ese demanda, “incrementaremos nuestra resistencia hasta llegar a un paro (huelga) nacional”, porque “los crímenes no pueden quedar impunes".
El gobierno ha dicho que 10 personas murieron en las protestas, pero la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos asegura que los fallecidos fueron 63. Otro deceso se confirmó ayer miércoles, cuando un joven herido de bala falleció en un hospital de Ciudad Sandino, al suroeste de Managua.
“Estamos dando un ultimátum al gobierno. El pueblo está demandando justicia para los asesinados, los heridos y los que desaparecieron. Las familias están sufriendo y no han obtenido respuestas", afirmó Quadras.
Añadió que los expertos internacionales también deberán investigar desapariciones y denuncias de torturas a los detenidos en celdas de la Policía, agresiones físicas a periodistas por presuntos activistas del gobierno y censura oficial a medios de comunicación.
Las protestas se iniciaron a mediados de abril por una reforma de la Seguridad Social que aumentaba los aportes mensuales de empleados y empresas, y reducía en 5 por ciento las pensiones de los jubilados. A causa de la violenta acción de la Policía sobre los manifestantes, las protestan se extendieron a 14 ciudades del país.
La demanda de la presencia de una misión de la CIDH y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU también consta en un “Pronunciamiento Ciudadano” firmado por ex guerrilleros, comandantes y ex funcionarios sandinistas alejados hoy de Ortega.
“Exigimos el establecimiento de un mecanismo de las Naciones Unidas como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Nicaragua (CICIN)” para investigar las muertes en el país, señaló el pronunciamiento.
La CICIN tendría también que verificar “la existencia de fuerzas partidarias/paramilitares que actúan en coordinación con la Policía” para reprimir manifestaciones pacíficas y perseguir a opositores, avirtieron.
Pese al reclamo de estudiantes y otros sectores, el Gobierno de Nicaragua no está obligado a convocar a la CIDH y al Alto Comisionado de la ONU, pues el Estado no ha ratificado el Estatuto de Roma, según reconocieron los firmantes.
Para la ex comandante Mónica Baltodano, que suscribió el Pronunciamiento Ciudadano, lo que ocurrió en Nicaragua hace dos semanas fue “una masacre desmesurada” de civiles a manos de la Policía que no puede ser investigada por autoridades locales.
"Por la gravedad de esta matanza y por las violaciones a los derechos humanos denunciadas, no hay posibilidad de que sea investigada por ninguna autoridad de Nicaragua, porque todo es parte de un andamiaje controlado por la pareja presidencial” de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, advirtió.
En declaraciones al canal 12 de televisión, Baltodano opinó que la crisis de gobernabilidad en el país “sólo se va a resolver con la salida de Ortega y Murillo (...) una pareja que se ha perpetuado en el poder, se ha enriquecido y no tienen nada que ver con revolución ni con izquierda”.
A su juicio, el diálogo previsto con la mediación de la Iglesia católica tendrá que “obligar a adelantar las elecciones, reformar la ley electoral, cambiar radicalmente las autoridades electorales y dejar la función electoral en un ámbito electoral independiente”.