La renuncia de uno de los jueces del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abrió este jueves un paréntesis en la resolución de las apelaciones a actas de votación del balotaje del 6 de este mes en Perú y profundizó la tensión ante la extraordinaria demora en la proclamación del presidente electo.
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Renunció un juez del JNE y se retrasa la resolución del balotaje en Perú
Se trata del magistrado Luis Arce, que acusa “falta de transparencia y ausencia de disposición” para “hallar la verdad electoral”. La asociación Abogados Democráticos del Perú ya había recusado al funcionario por "conflicto de intereses, falta de transparencia y parcialización" a favor de FP.
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El magistrado Luis Arce presentó anoche una carta de "declinación irrevocable" de sus funciones, un artilugio para evitar la dimisión formal, puesto que la Ley Orgánica del JNE establece que el cargo de los jueces del organismo "es irrenunciable durante los procesos electorales".
"Las denuncias por un supuesto fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte de (el presidente del JNE) Jorge Salas para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral", dice uno de los párrafos de la nota de Arce, según el diario La República.
Arce votó en disidencia con el resto de sus pares en prácticamente todos los casos de observaciones, impugnaciones y apelaciones de actas de votación que el JNE ya resolvió.
El tribunal inició ayer la última fase del proceso, con el análisis de los primeros 10 de los 202 pedidos de nulidad de actas presentados por los dos partidos participantes de la segunda vuelta y todos fueron denegados.
La virtual renuncia de Arce impidió al JNE continuar hoy con esa tarea, dado que la legislación establece que esas resoluciones deben ser votadas y firmadas por todos los jueces del tribunal.
Por ese motivo, y tras analizar la carta de "declinación", el JNE informó que resolvió esta mañana suspender a Arce como miembro pleno y pedir a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público que designara "con suma urgencia" un representante para completar de manera provisional el tribunal.
La Constitución establece que uno de los cinco jueces del JNE debe ser designado por la Junta de Fiscales Supremos y Arce era precisamente el representante del Ministerio Público en el tribunal.
La inusual dimisión en medio de un proceso electoral y los términos de la carta de Arce profundizaron la tensión existente por la falta de proclamación del presidente electo a 18 días del balotaje.
El sindicalista de izquierda Pedro Castillo, del partido Perú Libre (PL), venció a la populista de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), por 44.240 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero para ser proclamado es preciso que el JNE concluya la revisión de los recursos.
La Corte Suprema de Justicia dijo en un comunicado que Arce formuló "consideraciones jurídicas inaceptables y acusaciones sin fundamento contra diversas altas autoridades públicas" y deploró "las expresiones contrarias a la realidad" acerca de "una presunta concertación institucional para afectar el proceso electoral".
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, indicó a la radio Exitosa que "es lamentable que el señor Arce haya escrito una carta con afirmaciones inexactas", advirtió que "si señala que hay un proceso de fraude, tendrá que acreditarlo y señalar los motivos que lo llevan a decir esa afirmación", y rechazó que hubiera algo "orquestado" o "previamente coordinado" para manipular la voluntad de los ciudadanos en los comicios.
El asesor jurídico de PL, Aníbal Torres, afirmó al Canal N de televisión que "el doctor Arce, al hacer esto, estaría actuando en connivencia con Fuerza Popular, solamente para dilatar la proclamación del presidente, y eso no está bien".
En ese contexto, el JNE aseguró en otro comunicado que es "falso" que ya haya elaborado un borrador de resolución de proclamación del presidente electo, tal como afirmó un rumor que circuló desde anoche en redes sociales.
Asimismo, FP pidió que el presidente Francisco Sagasti solicite a la Organización de Estados Americanos (OEA) que realice una "auditoría internacional" para que "se conozca la verdad" del balotaje, dijo la excandidata presidencial y exlíder socialcristiana Lourdes Flores -ahora parte del equipo de Fujimori- a la radio RPP.
La iniciativa de Flores fue apoyada por los partidos Acción Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Aprista Peruano, en una conferencia de prensa conjunta de dirigentes de esas fuerzas, según la agencia de noticias Andina.
Torres rechazó en conferencia de prensa esa posibilidad, argumentó que la OEA ya se manifestó sobre el proceso electoral y sostuvo que la resolución de los recursos pendientes ante el JNE "debe terminar en el transcurso de esta semana".
El último fin de semana, al presentar su informe preliminar, la Misión de Observación Electoral de la OEA -lo mismo que las de otros cuatro organismos internacionales- destacaron la transparencia y la imparcialidad del JNE y la ONPE.
Hoy, en un comunicado, la misión de la OEA no se pronunció sobre la eventual auditoría internacional, pero calificó de "insólita" la declinación de Arce, reiteró que la actuación de las autoridades electorales "se ha apegado a la normativa vigente" y reclamó "responsabilidad y serenidad" a los actores políticos y a la ciudadanía.
Arce es investigado por la Junta Nacional de Justicia por el presunto delito de organización criminal en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una red liderada por el exjuez supremo César Hinostroza, quien está sospechado de haber ayudado a Keiko Fujimori en sus procesos judiciales.
Fujimori está en libertad restringida mientras la Justicia investiga si cometió lavado de activos en relación con aportes irregulares de dinero a su campaña electoral en 2011.
La asociación Abogados Democráticos del Perú ya había recusado a Arce por "conflicto de intereses, falta de transparencia y parcialización" a favor de FP.
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