Autonomía: acercar las decisiones a los vecinos

Lía Masjoan | [email protected]

Habitamos un mundo urbano, ya que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. De cara al futuro, las proyecciones de los organismos internacionales que estudian el hábitat y los movimientos sociales coinciden en que será una tendencia creciente. En este esquema es saludable que los municipios ocupen un rol protagónico en la definición y ejecución de sus políticas y en decidir en qué quieren gastar los recursos que generan. Primero, porque están más cerca de los vecinos; segundo, porque sus representantes (ejecutivos y legisladores) son quienes más los conocen y saben cuáles son las necesidades prioritarias que deben atender. Antes que funcionarios públicos, son vecinos de la misma ciudad.

Sin embargo, en la actual organización de los Estados, los intendentes muchas veces tienen las manos atadas para dar respuestas rápidas (o acertadas) a algunos problemas y tienen muy poca injerencia en definir cuestiones básicas que hacen al bienestar de las comunidades que gobiernan, como la salud y la educación. La seguridad es, quizás, el ejemplo más claro en la capital provincial. Son los municipios quienes conocen los puntos calientes del mapa del delito en cada barrio, quienes reciben en forma directa los datos que aportan los propios vecinos, quienes saben dónde se dan las situaciones de violencia. Pero a la hora de resolver, deben reunirse, consensuar, convencer sobre la urgencia, y esperar que el Ministerio de Seguridad baje operativos y recursos.

El trunco debate por la reforma de la Constitución Provincial abrió una ventana de oportunidad para dar otro debate, y saldar una mora provincial que lleva casi 25 años: reconocer a los municipios la autonomía que consagró la reforma de la Constitución Nacional en 1994, y que ratificó con varios fallos siguientes la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y fue el concejal Ignacio Martínez Kerz quien lo llevó al recinto santafesino. Si bien hubo intensas discusiones y atentas escuchas a especialistas -que continuarán la semana próxima- parece que llevará bastante tiempo convocar a una Convención Constituyente amplia (de la que podrá participar cualquier actor de la comunidad) para, finalmente, plasmar una Carta Orgánica Municipal.

Hace ya 6 años, el exintendente Mario Barletta dedicaba un párrafo de su discurso de inicio de sesiones ante los concejales para rescatar por qué Santa Fe necesitaba ser autónoma: “Los intendentes, los presidentes comunales, quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de una ciudad tenemos que tener mejores herramientas de participación y control en los organismos provinciales de prestación de servicios. No puede ser que la ciudad se quede sin agua y no podamos intervenir; no puede ser que la inversión en energía eléctrica no tenga intervención municipal; no puede ser que el municipio no participe de la selección y designación de los comisarios y jefes policiales, que no participe de la designación de los directivos regionales de salud y educación”.

Y ése es el eje central de la autonomía: poner el centro de decisión más cerca de los vecinos. Esto implica dar a los municipios la posibilidad de asumir más obligaciones, lo que, necesariamente, deberá ir acompañado de suficientes recursos. Si más sectores abrazan la idea de que Santa Fe tiene que ser autónoma, gran parte de la discusión futura se centrará en la posibilidad de cambiar el actual esquema de recaudación, con municipios que hoy sólo cobran tasas por los servicios que prestan. La Legislatura provincial deberá jugar un rol clave, con o sin previa reforma de la Constitución -otra arista que se coló en el debate, quizás por oportunismo político-, pero con los acuerdos necesarios para que la autonomía sea viable.