Argentina, año 1985. Los fiscales Luis Moreno Ocampo y Julio César Strassera durante el denominado Juicio a las Juntas Militares. A la izquierda de la imagen, Jorge Rafael Videla se distingue del resto de los acusados.
Después de treinta y siete años, a través de la película "Argentina, 1985", podemos analizar una pequeña parte de la historia de desencuentros que hemos padecido en nuestra patria. La película goza de buenos comentarios, sin profundizar en dicho testimonio en particular, en cuanto a lo resuelto por la justicia argentina en defensa de los derechos humanos. Por un lado, hay que tener en cuenta el trabajo realizado por personas de bien -los miembros de la Conadep-, una labor que fue encargada por el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín y a través de la cual, en su momento el fiscal Julio César Strassera pudo definir la culpabilidad de los responsables máximos de las Fuerzas Armadas, pronunciando un rotundo "Nunca Más".
Por otro lado, hay que recordar que, en 1975, las Fuerzas Armadas en principio actuaron por instrucción y orden de los presidentes María Estela Martínez de Perón e Italo Luder, en función de que la situación por la que se atravesaba era considerada como "Estado de guerra". Entonces decretaron "el exterminio de organizaciones sediciosas en contra de la Institucionalidad Nacional, utilizando a las Fuerzas Armadas para la represión".
En concreto, la acción de las Fuerzas Armadas fue de "obediencia debida", en tanto se daba cumplimiento de lo determinado por el jefe de las mismas, que es el que ostentaba el presidente de la Nación, tal cual está determinado por la Constitución Nacional. Para buscar analogías, me llego a la historia: cuando el General Julio Argentino Roca genera la denominada "Campaña del Desierto", o "Conquista del Desierto", contra los indígenas de la Patagonia, y habiendo tratados de Paz, se los ignora, se les quita la vida y se encarcela a los jefes indios y luego se distribuyen tierras entre soldados y oficiales.
Roca, que en ese momento era presidente de la Nación, utilizó las Fuerzas Armadas en defensa de la patria y no se le hizo ningún juicio; ni se convocó a una Conadep. Puedo prejuzgar con los indios, que vivían en paz y con Tratados de Paz firmados con el gobierno nacional. ¿Qué pasó? ¿No hubo discriminación e incumplimiento de los derechos humanos, o a ellos no les correspondían los derechos de cualquier otro ser humano, como parece que corresponde respetar los de los subversivos por haberse decretado en 1975 su aniquilación. Por ello, entre otras cosas, en 1985 se responsabilizó a las Fuerzas Armadas, pero no a quienes accionaban como una "Fuerza Militar Insurrecta", utilizaban armas sin autorización y mataban a ciudadanos y militares, por lo que concretamente actuaban como una fuerza militar invasora.
Esa fuerza militar invasora la constituían jóvenes profesionales, estudiantes universitarios, hijos de familias argentinas. No eran indios "de color mestizo" en su piel. Los subversivos eran "blancos". ¿Habrá habido un concepto de discriminación en unos y en otros no?
Esta reflexión viene al caso, porque considero que se debería haber hecho los dos juicios en forma paralela, a los militares y a los subversivos. Claro que los "ciudadanos de a pie" sabemos que se cometieron aberraciones con crímenes, que no se respetaron los derechos humanos, que se cometieron hechos aberrantes en ambos ejércitos. La lógica de Alfonsín fue castigar a los ganadores de aquella guerra, pero no se juzgó al que considero "ejército invasor", generador de una guerra civil. La lógica debería haber sido juzgar a los dos ejércitos. ¿Por qué no se juzgaron en igualdad? A raíz del juicio del "Nunca Más", de 1985, se desarmaron las Fuerzas Armadas y estas luego fueron denostadas por los gobiernos siguientes, hasta el día de hoy.
Circunstancialmente, y por política, los vencidos de aquel momento hoy pululan por las administraciones de los gobiernos de nuestra nación. Los vencedores fueron vencidos por la Justicia y los vencidos son los vencedores por medio de la política.
Para terminar, voy a desarrollar el origen de todo esto: con Perón exiliado en España, las fuerzas laborales (centradas en la CGT) comienzan la organización política para el regreso de su líder, junto a los jóvenes revolucionarios idealistas, en el auge la Revolución de Cuba que hoy en día todavía tiene injerencia en nuestro país. Esas organizaciones pasaron a operar en Tucumán y Salta, utilizando métodos militares y recurriendo al uso de armas, secuestros y robos, para molestar a los gobiernos constituidos desde 1958 a 1973, año que regresó Perón.
Perón regresa decidido a disuadir a sus supuestos partidarios de que cesen en su accionar subversivo. Además, vino a pacificar el país. En un momento echa a sus representantes más violentos de la Plaza de Mayo. En 1974 fallece, quedando a cargo de la presidencia María Estela Martínez, secundada como asesor por José López Rega; por indicaciones de Perón nace la Triple A, organización parapolicial creada para combatir a los subversivos.
Después del fallecimiento de Perón también se aleja López Rega y la Triple A va desapareciendo. Luego vienen los decretos de Martínez de Perón y Luder, para la extinción de la subversión. Los militares obedecen y se ciegan, tomando el poder político de la República en 1976, hasta 1983. Cometen, en lo que fue una guerra, acciones consideradas crímenes de lesa humanidad, pero pacificaron la Nación. De hecho, considero lamentable que hayan desaparecido subversivos, pero también lo es la desaparición de militares por el accionar de estos últimos, porque fue judicializada solamente una de las facciones y eso es una injusticia, que ahora podemos ver a través del tiempo.
Ahora bien, tendríamos que preguntarnos si en este momento no hay ejércitos insurgentes, como el narcotráfico o los mapuches. ¿Con qué Fuerzas Armadas podemos hacer frente a tal insurrección? Porque lo concreto hoy es que no tenemos Fuerzas Armadas, y las que tenemos no pueden defender la propiedad privada en Río Negro, y terminamos aceptando a fuerzas llamadas de pueblos originarios, como los mapuches, que nunca pertenecieron a nuestro territorio y pertenecen al vecino país. Es algo que nos debería preocupar. Los vencidos de 1976 hoy son parte de la política y, o casualidad, dejamos que chilenos proclamados mapuches invadan nuestro territorio.
Podemos entender, sin apasionamiento, que lo pasado es pasado. Fue correcta la decisión democrática de juzgar a las Fuerzas Armadas por no haber respetado los derechos humanos. Pero en treinta y siete años de democracia hemos generado pobreza, hambre, niños desnutridos y sin educación, gran inseguridad y mucha riqueza en los estamentos políticos. ¿No estaremos necesitando una Conadep que nos juzgue a nosotros mismos, los "ciudadanos de a pie y de trabajo", por la falta de respeto a los derechos humanos? ¿En qué nos equivocamos?
Que el Señor perdone mi preocupación. Soy un ciudadano y, de acuerdo a lo que veo con los movimientos sociales enquistados en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, la deficiente institucionalidad y sin Fuerzas Armadas, me animo a preguntar: ¿Qué futuro nos aguarda?