Ivana Fux | [email protected]
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A partir del 1º de agosto, comenzará a correr el segundo año de la administración de la autopista “Brigadier López” a través de un fideicomiso estatal, gestionado por el Banco Municipal de Rosario. La cláusula cuarta del contrato de vinculación establecía un plazo original de doce meses, y preveía una “prórroga automática” por idéntico período, excepto que la provincia resolviese y comunicase la cesación, con una antelación no menor a noventa días del vencimiento. Ello no ocurrió; por lo tanto, la figura jurídica cuasi estatal seguirá operando el corredor hasta mediados del año que viene, cuando Miguel Lifschitz deberá tomar una decisión política que indefectiblemente trascenderá a su gestión; por entonces, estará a sólo cinco meses de concluir su mandato. ¿Resolverá, entonces, sostener la figura del fideicomiso, cuyo decreto de constitución ya establecía su condición de transitorio? ¿Volverá al esquema de concesión privada, que terminó fracasando en la práctica con flagrantes incumplimientos de la última concesionaria y una rescisión a mitad de camino, que también fue cuestionada? Habrá doce meses para resolverlo.
Por lo pronto, en este primer año de administración, y según lo definió el gerente del consorcio Vial Santa Fe, Luis Peresutti, los números “están equilibrados”. “En este momento -describió-, estamos en una situación de equilibrio. Trabajamos sobre la recaudación; no recibimos subsidio ni de la provincia ni de la Nación ni de nadie. Simplemente, los ingresos se reinvierten en la autopista en lo que el usuario ve”, explicó. Ese esquema financiero incluye el pago de una comisión mensual al Banco Municipal de unos 600 mil pesos por su rol de administrador.
Las condiciones en las que el último concesionario dejó el corredor eran pésimas. La provincia encaró con recursos propios un plan de obras para reconstruirlo, que se está ejecutando. El costo del peaje, que nunca se dejó de cobrar, se convirtió en fuente de financiamiento para los salarios de los más de doscientos empleados que se desempeñan en el consorcio, y para tareas mínimas de mantenimiento y seguridad.
En esa coyuntura, el Ministerio de Infraestructura termina de autorizar un nuevo incremento de las tarifas. Fue a pedido del consorcio, y se comenzó a aplicar el pasado fin de semana. La suba fue de más del 28 por ciento en las cabinas troncales. Ya en enero, la cartera había convalidado un primer incremento del 75 por ciento. Así, de los veinte pesos que se pagaban por cada cabina troncal en diciembre de 2017, se pasó a 45. Todo, en siete meses.
“Los motivos (para aumentar) sobran -dijo Peresutti-. Se corresponden con los aumentos del día a día, que se ven traducidos en la política salarial, en los insumos, en la luz...”. Y aclaró que el aumento de enero “fue una recomposición de lo que no había ocurrido en los últimos dos años, durante los cuales no se habían autorizado incrementos. Lo de ahora -aclaró- sí refiere ciento por ciento a la inflación que existe en este momento en el país”. Y por esa misma condición (la situación del país) es que no pudo descartar el funcionario aumentos futuros. “Si no cambia nada, no habría más incrementos en 2018. Pero es como siempre; hay una economía diaria. Hay que tomar decisiones sobre lo que se hace y no se hace. La idea es volcar todo a la autopista porque el fideicomiso es sin fines de lucro. Pero la economía dirá”, concluyó.
Las condiciones en las que el último concesionario dejó el corredor eran pésimas. La provincia encaró con recursos propios un plan de obras para reconstruirlo, que se está ejecutando.