Si la semana a nivel nacional estuvo signada por los anuncios de Sergio Massa en materia económica, a nivel local el eje pasó por los conflictos laborales. Docentes, médicos y estatales confluyeron en un plan de lucha que no logró sincronizar el calendario – por eso, a los dos días de huelga docente se sumó una tercera jornada con clases resentidas por la falta de porteros- pero sí, coincidencia plena en el motivo del reclamo. Todos piden que el gobierno de Omar Perotti adelante la reapertura de paritarias originalmente prevista para setiembre, atentos a que el primer semestre del año ya cerró con una inflación seis puntos por arriba de los aumentos percibidos. Pero hasta aquí, ni los planes de lucha ni el hecho de que el planteo haya sido multisectorial lograron modificar la posición de la Casa Gris.
La estrategia oficial inicial pareció centrarse en no apurar los tiempos. Los funcionarios hablaron de que los paros ya votados – hay otra tanda de 48 horas de los maestros para la semana que viene- no tenían chances de ser levantados; explicaron que en agosto ya cobraban un nuevo 8% de aumento, y deslizaron que entre una cosa y otra, ya llegaría setiembre: "hay una negociación a la vuelta de la esquina", dijeron, relativizando los treinta días que podrían transcurrir en conflicto.
A mediados de semana hubo sí una leve morigeración en la posición. Por un lado, trascendió la posibilidad de adelantar los tramos de aumentos restantes; por el otro, cuando el gobernador fue consultado al respecto, evitó la negativa rotunda del adelantamiento y prefirió centrar la expectativa en los anuncios que fuera a formular Massa. Habló de "una semana clave" y de la capacidad de "comprensión" que todos los actores – incluidos los gremios- deberían tener frente a la actual coyuntura.
Entonces, anunciadas las medidas, ¿cambia la posición del gobierno de la provincia respecto de las paritarias? ¿Son determinantes para el avance de la discusión salarial local? Desde el Poder Ejecutivo se insiste en aseverar que sí, pero advierten que no son suficientes las enunciaciones del miércoles para tomar una decisión. Ahora, el gobierno de Perotti plantea que antes de resolver, es necesario esperar los resultados de la reunión que Massa convocó para el jueves con gremios y empresarios del sector privado. ¿Se acordará allí una suma fija? ¿Se convendrá un adelanto de la paritaria? ¿Y si esto último es así, sobre la base de qué se dará esa rediscusión? ¿De la pauta inflacionaria de agosto y setiembre que volverá a ser significativamente alta? ¿O en función de la expectativa de que a partir de la primavera, la inflación pueda empezar a bajar? Lo que para los sindicatos puede ser interpretado como una actitud especulativa, para el gobierno provincial es central; están convencidos de que lo que se resuelva el jueves para el ámbito privado, puede ser parámetro que se traslade luego al sector estatal.
Hay una preocupación adicional que gravita por estas horas en la provincia. Y está asociada a cómo repercutirán las medidas de Massa en el flujo de recursos federales que se destina a las administraciones subnacionales. Esto es, cómo el ajuste que indefectiblemente devendrá de la decisión de no seguir apelando a la emisión, resentirá los recursos que gira actualmente el gobierno central a las jurisdicciones locales. Ello no afectaría la coparticipación pero sí las obras públicas que se ejecuten en Santa Fe con recursos nacionales, como también los diversos programas – de salud o sociales, por ejemplo- que están vigentes actualmente en las provincias. Ese eventual recorte que hasta ahora no tiene un monto estimado constituye una suerte de alerta amarilla para la gestión provincial. Y de acuerdo a cómo evolucione, será también argumento para fundamentar las decisiones que se tomen.
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