El Litoral / Germán de los Santos
Dicen que con sus dichos afecta la “imparcialidad” de los jueces. Presentaron un petitorio ante el tribunal que analizará la apelación de la banda. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, sostuvo que los ataques “son un problema durísimo”.
El Litoral / Germán de los Santos
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Después de que el gobernador Miguel Lifschitz expresara que la “mejor respuesta que se puede dar es avanzar con la apelación y confirmar las condenas” contra la banda de Los Monos, los abogados defensores de esta organización narcocriminal anunciaron que presentaron un petitorio en los tribunales porque consideran que los dichos del mandatario “afectan la imparcialidad e independencia del tribunal de apelación”.
El próximo 14 de agosto se llevará adelante en el Centro de Justicia Penal, que fue baleado el sábado pasado, la audiencia de apelación a las duras condenas que recibieron los líderes de la banda el 9 de abril pasado por los delitos de asociación ilícita y homicidios.
Es llamativo e inédito reclamo de los defensores de Los Monos, que cuestionan las opiniones del propio gobernador, que tras los ataques a balazos del fin de semana contra el edificio judicial y una propiedad que perteneció a la jueza Marisol Usandizaga, salió a señalar que “se está poniendo en juego la institucionalidad”.
Los abogados Fausto Yrure y Carlos Edwards consideran que los dichos del gobernador van a condicionar a los juezas Gabriela Sansó, Carolina Hernández y Bibiana Alonso, que van a tratar la apelación de la defensa a las condenas de 37 años para Ramón Machuca y 22 para Ariel Máximo Cantero, alias Guille.
Lifschitz alertó que “se está poniendo en juego la institucionalidad” y que esos hechos “deben tener una respuesta dura, unánime y firme de todos los sectores del Estado”.
“Durísimo”
El presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, admitió que “el problema es durísimo” con los ataques contra jueces y funcionarios judiciales. “Lo que hay que hacer es hablar menos y hacer más. El ministro de Seguridad hace declaraciones que son bastante imprudentes”, sostuvo Gutiérrez, quien recordó: “Hasta que no tenga la comprobación fehaciente no se puede decir nada. Hay que recordar que en la banda de Los Monos hubo policías condenados. Y los ataques comenzaron hace dos meses y no hay un solo detenido”.
El titular de la Corte Suprema consideró que “es un momento gravísimo y muy preocupante. Hay riesgos físicos y materiales para los jueces y fiscales y también a nivel institucional. El gobernador ha puesto el esfuerzo para que se incremente la seguridad en los edificios judiciales”, y confió que el mandatario provincial “pidió ayuda a las fuerzas federales para que investiguen estos hechos”.
Acribillado
Las repercusiones políticas y judiciales en torno a la violencia y la causa de Los Monos se produjeron tras un fin de semana atravesado por los balazos contra el nuevo edificio de tribunales y una propiedad que perteneció a Usandizaga. Pero, además, se sumó otro hecho preocupante.
Uno de los testigos en el juicio contra la banda de Los Monos fue acribillado de cinco balazos el sábado a la noche en la puerta de su casa por dos sicarios en moto. El asesinato de Diego Romero se sumó a los ataques a balazos que ocurrieron ese mismo día contra el Centro de Justicia Penal, donde se llevará adelante la apelación de las condenas a la banda el próximo 14 de agosto, y contra el edificio donde vivió la jueza Usandizaga, quien ya sufrió dos atentados con disparos en propiedades de su familia.
El crimen de Romero incrementó la preocupación en el gobierno de Santa Fe. Romero fue uno de los primeros testigos en la causa 913/12. El 11 de junio de 2013 se presentó en el juzgado de Instrucción Nº 4, a cargo de Juan Carlos Vienna, y dio un testimonio detallado de cómo funcionaba la venta de estupefacientes en los búnkeres que manejaban los Cantero y también la trama de seis homicidios que no tenían hasta ese momento ningún imputado.
Romero, quien cargaba con un abultado prontuario, cambió de parecer y en febrero pasado cuando tenía que ratificar en el juicio lo que había declarado en el expediente argumentó que no tenía nada para decir. No fue el único caso de testigos que se desdijeron en el juicio. Otras 11 personas que debían testimoniar se negaron a declarar por falta de garantías. Anteanoche, cerca de las 22.30, dos sicarios en moto acribillaron de cinco balazos a Romero.
Contexto
Este homicidio se produjo en un contexto atravesado por los ataques contra jueces y funcionarios y edificios de la justicia. El Centro de Justicia Penal fue blanco durante la madrugada del sábado de un ataque a balazos. También fue tiroteada en pleno centro, a tres cuadras del Monumento a la Bandera, una propiedad donde vivió la jueza Usandizaga. Allí los atacantes dejaron un mensaje escrito en un cartón, con la leyenda: “Con la mafia no se jode”.
Estos dos nuevos atentados se suman a los ocho que sufrieron desde fines de mayo los jueces Ismael Manfrín, Juan Carlos Vienna y Usandizaga, y dos policías, que tienen como denominador común que investigaron y juzgaron a la banda de Los Monos.
Es el décimo atentado a balazos que se concreta desde el 29 de mayo pasado cuando comenzaron los ataques contra los magistrados. No hay un solo detenido por estos hechos intimidatorios que empezaron a repetirse después de que los líderes de la banda de Los Monos fueron condenados por asociación ilícita y homicidios en el fuero provincial.
Según las primeras evaluaciones que hizo la Policía de Investigaciones (PDI), dos hombres en moto realizaron ocho disparos contra los vidrios del nuevo edificio de la justicia provincial. El atentado se produjo entre las 3 y 4 de la madrugada, y los disparos impactaron contra los vidrios del edificio.
Está previsto que en el edificio que fue baleado se realicen a partir del 14 de agosto las apelaciones a las condenas que recibieron los jefes de la banda. Ramón Machuca, alias Monchi, fue condenado a 37 años de prisión, mientras que su hermanastro Ariel Máximo Cantero, alias Guille, fue sentenciado a 22 años.