Acuerdos con Vranicich

Mario Cáffaro
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La Comisión Bicameral de Acuerdos se reunirá este jueves con la Auditora de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , María Cecilia Vranicich, a los fines de determinar la forma de traspaso de los expedientes iniciados en dicha área a partir de denuncias sobre el comportamiento de fiscales tanto titulares como adjuntos. Desde la promulgación de la ley 13.695 la Comisión de Acuerdos tiene la competencia para entender en las denuncias por mal desempeño o comisión de delito doloso de los fiscales.

En los hechos, el traspaso de expedientes no se concretó porque la Legislatura aduce no tener un lugar apropiado para resguardar la documentación ni tampoco definió como encarar la tarea. Es más, algunos legisladores pretenden impulsar una reforma a la ley sancionada -sobre tablas y por unanimidad en noviembre último- para dejar en manos del MPA las denuncias por faltas leves.

“Estamos en mora pero debemos definir el lugar y la forma de funcionamiento de la Comisión de Acuerdos en esta temática” dijo a El Litoral la diputada socialista Inés Bertero quien preside el grupo de trabajo. La legisladora recorrerá en las próximas horas el inmueble que sugirió el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, que sería destinado a recibir la documentación del MPA, archivo y trabajo en evaluación de las diferentes situaciones. Además de recibir a Vranicich, Acuerdos deberá definir la forma de encarar la tarea y en principio nominarán a dos profesionales que se encargarán del seguimiento diario de expedientes, trámites y citaciones a fiscales.

Los legisladores pretenden conversar con Vranicich sobre la marcha de algunos expedientes e incluso la metodología de trabajo que había encarado la funcionaria designada recién el año pasado.

“No tenemos ningún expediente porque no tenemos aún espacio físico para preservarlo” admitió Bertero. La socialista es una de las legisladoras que entiende que el trámite sobre posibles faltas leves de fiscales deben quedar en manos de cada uno de los fiscales regionales mientras que la comisión debería abocarse a las conductas graves. Es más, varios legisladores oficialistas sugirieron al propio Poder Ejecutivo hacer un veto parcial a la ley 13.695 posición que no prosperó. Algunos de los asesores de legisladores sugirieron incluir la división en el reglamento de funcionamiento, cuestión rechazada por la mayoría de los diputados y senadores. Tampoco prosperó el intento de que sea el Poder Ejecutivo el que remita un proyecto con la enmienda a Extraordinarias. Ahora queda buscar un acuerdo parlamentario para votar la reforma en mayo cuando se inicie el período Ordinario.

Sobre el posible acuerdo y sobre el destino de la investigaciones tras hablar con Vranicich, la Comisión de Acuerdos intentará marcar la línea de trabajo a seguir de aquí en más.

Los cambios de fin de año

A partir de la sanción de la ley 13.695, la Legislatura pasó a entender en las denuncias por mal desempeño o comisión de delito doloso de fiscales y fiscales adjuntos, y de defensores y defensores adjuntos del sistema penal. La tarea recayó en la Comisión de Acuerdos que hasta entonces estaba facultada para investigar las conductas del Fiscal General y los cinco regionales así como la Defensora General y los cinco regionales.

La reforma dejó en manos de los defensores regionales el juzgamiento de faltas leves de los integrantes del cuerpo, no así en el caso del MPA.

A principios de febrero, Vranicich remitió a Acuerdos la resolución Nro. 25 de la repartición que dirige, en la que dejó constancia que “ha cesado” su competencia disciplinaria sobre los órganos fiscales del MPA. En dicha resolución, la funcionaria del MPA puso “a disposición de la Legislatura la totalidad de los antecedentes de los procedimientos disciplinarios administrativos concluidos y en trámite respecto de los órganos fiscales (fiscales y fiscales adjuntos), al tiempo que comunica la misma resolución al fiscal y defensor tanto general como regionales, a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo”.

En un anexo de la resolución, Vranicich puntualizó cada una de las actuaciones que estaban en sus manos y pasaron a la órbita parlamentaria. Las categorizó según sean administraciones remitidas a otros órganos; actuaciones no adecuadas al procedimiento disciplinario ni ratificadas; actuaciones concluidas, y actuaciones administrativas en trámite. Esta última opción encierra, a la vez, a las que se encuentran en etapa de admisibilidad, las que atraviesan ya la etapa de investigación disciplinaria, y las que constituyen causas en juicio disciplinario con formulación de cargos y tribunal de disciplina constituido. En total, era 62 expedientes.

Comisión

Bertero encabeza la Bicameral de Acuerdos que se compone de cuatro senadores: Rodrigo Borla (UCR - San Justo), Alcides Calvo (PJ - Castellanos), Joaquín Gramajo (PJ - 9 de Julio) y Rubén Pirola (PJ - Las Colonias) y otros siete diputados: Alicia Gutiérrez (SI- Frente Progresista), Patricia Tepp (UCR), Gabriel Real (PDP), Julián Galdeano (UCR), María Vucasovich (Cambiemos), Julio Eggimann (PJ) y Leandro Busatto (PJ).

Pliegos

El Poder Ejecutivo remitió otros dos pliegos para consideración de Legislatura cuyo tratamiento se adicionará a los 18 que están en etapa de recibir impugnaciones de parte de entidades o particulares. Los nombres propuestos son los de Edgardo Mario Bonomelli y Jorgelina Entrocasi como jueces de primera instancia del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario.

Por la seguridad en Reconquista

El MPA, el gobierno de la provincia y la municipalidad de Reconquista firmaron un convenio para trabajar conjuntamente en el abordaje territorial y multidisciplinario de la violencia. El acuerdo fue rubricado en la ciudad de Reconquista por el gobernador, Miguel Lifschitz; el Fiscal General del MPA, Jorge Baclini; y el intendente de esa ciudad, Amadeo Vallejos.

El objetivo del convenio es la implementación de lo que se denomina un Dispositivo de Intervención Multiagencial para el Abordaje Territorial de Violencias. La experiencia ya se viene realizando desde 2016 en la capital provincial y en la ciudad de Rosario y el Gran Rosario.

Baclini explicó que “el objetivo es encontrar soluciones estructurales que vayan al fondo de los problemas, que consideren la realidad integral de las personas y que incentiven la inclusión social y urbana en los barrios más postergados. Si bien lo jurídico está contemplado en el abordaje que se propone, también se incluyen otras miradas más amplias que la investigación delictiva y lo estrictamente penal”.