El presupuesto oficial de $ 1.411.042.346,32, previsto para la compra de armas para la Policía santafesina no figura en el pliego de bases y condiciones, divulgado en la web oficial y vendido en medio millón de pesos a los interesados en participar de la compulsa.
La cifra estimada por el Ministerio de Seguridad para la compra de 12 mil pistolas semiautomáticas y 272 armas largas figura, en cambio, en la página oficial con la que se pueden seguir los procesos licitatorios.
Allí también consta la decisión del Ministerio de Economía respecto de la impugnación de uno de los oferentes, con lo que la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes (avalada por la Asesoría Legal del ministerio) dictó la "suspensión provisoria" del proceso licitatorio, que –por vía judicial- fue también cuestionado por la oferente.
La resolución 54 del 2 de febrero que suspendió la compulsa no menciona en sus considerandos el fallo judicial contra la licitación iniciada por el Ministerio de Seguridad, que en sus considerandos acepta las quejas de la fábrica de pistolas semiautomáticas radicada en la Argentina.
En pocas palabras, el conflicto se presenta porque Bersa pretende poder ofertar a Santa Fe (como lo ha hecho en otras oportunidades) sus armas cortas en un compulsa de 12 mil unidades. Pero advierte (y la Justicia le ha dado la razón) que la Provincia puso como condición a los potenciales adjudicatarios proveer también otras 272 armas largas (fusiles y subametralladoras).
El Ministerio de Seguridad, en tanto, afirma que debe entenderse a la compra de esas diferentes armas como una medida a favor de crear en la Policía "un sistema de armas" al tiempo que critica la diversidad de modelos y marcas hoy existente en la fuerza, producto de las compras hechas hasta ahora, por rubros distintos.
La Cartera de Marcelo Sain considera conveniente que haya menos dispersión de proveedores.
Bersa, en tanto, afirma que el pliego contiene en sus anexos técnicos obligatorios para los oferentes "una copia" de la "descripción técnica" de las armas ofrecidas por una empresa israelí.
En sendos pedidos de informes en la Legislatura, el senador Armando Traferri (PJ-NES-San Lorenzo) dice que el pliego adolece de "un direccionamiento evidente hacia un solo oferente que motivó la suspensión judicial".
En tanto, el diputado radical Juan Cruz Cándido, titular de la Comisión de Seguridad, reclama explicaciones al ministro de Seguridad que el 12 de febrero (luego de la suspensión de la licitación por vía administrativa del 2 de febrero y del fallo judicial que ordena corregir los pliegos del 4 de ese mes) en "Informes de Gestíon" divulgaba en redes sociales que la compra de las armas estaba "próxima a su adquisición".