La legislatura provincial aprobó la realización de una audiencia pública con el objetivo de avanzar en una legislación para garantizar el acceso universal a la provisión de agua y saneamiento para barrios populares.
Se busca garantizar el acceso al servicio de agua y saneamiento. “Falta adecuar la normativa para alcanzar este objetivo”, explicó Lucila De Ponti, impulsora de la medida.
La legislatura provincial aprobó la realización de una audiencia pública con el objetivo de avanzar en una legislación para garantizar el acceso universal a la provisión de agua y saneamiento para barrios populares.
Participarán del encuentro funcionarios de entes nacionales, provinciales y municipales, empresas prestadoras de servicio, sindicatos, representantes de organizaciones sociales y legisladores de ambas cámaras.
“El acceso al agua potable es un derecho que debe estar garantizado para toda la población sin distinción de la ubicación geográfica en la cual viven y tenemos que diseñar una normativa que apunte a cumplir ese objetivo”, explicó Lucila De Ponti, impulsora de la medida.
A la fecha, se encuentran relevados en Santa Fe 341 barrios populares, en los que viven aproximadamente 270 mil personas. En casi su totalidad se encuentra comprometido el acceso a alguno de los servicios esenciales, en especial en materia de agua y saneamiento.
“Hoy la gran mayoría de los barrios populares se autogestionaron una solución para el acceso al agua que no tiene las condiciones de salubridad y de calidad indispensables. La empresa Assa podría empezar a regularizar esta situación pero la normativa actual lo impide”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.
Por eso la audiencia pública apunta a convertirse en una herramienta fundamental para reunir a los principales actores y responsables sociales involucrados en esta problemática para el diseño de políticas públicas que contribuyan a solucionar esta situación, con un marco normativo adecuado.
“Queremos poner sobre la mesa la voz de todos para construir la mejor solución frente a este problema que representa la vulneración de un derecho básico para el 97% de la población que habita en los barrios populares”, finalizó.