Cada vez que dirigentes del Frente de Todos critican a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) suelen hacer mención a un hecho que involucra a 2 de los jueces del máximo tribunal: se cuestiona que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron nombrados por decreto. Los representantes de la oposición, en cambio, suelen recordar que ambos jueces fueron designados luego de obtener el acuerdo del peronismo en el Congreso nacional.
Sobre esta base, el equipo de Chequeado realizó un pormenorizado análisis, cuyas observaciones reproducimos en el presente artículo.
En primer término, consignan que si bien es cierto que en 2015 el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri (Cambiemos), dictó un decreto mediante el cual dispuso el nombramiento de Rosenkrantz y Rosatti como jueces de la Corte Suprema "en comisión", ninguno de los 2 juró en su cargo hasta que obtuvieron el acuerdo del Senado de la Nación, como establece la Constitución nacional.
Cuando Macri asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2015, la Corte tenía un cargo vacante, por la renuncia de Raúl Zaffaroni en diciembre de 2014. Y, un día después, el 11 de diciembre, se hizo efectiva la renuncia de Carlos Fayt, hecho que dejó al máximo tribunal con 3 integrantes: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
El 14 de diciembre de ese año, Macri dictó el Decreto N° 83/2015, mediante el cual designó en comisión a Rosenkrantz y Rosatti. Se trata de una herramienta prevista en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución nacional, que le atribuye al Presidente la potestad de "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".
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Esto implica que Rosenkrantz y Rosatti podrían haber sido jueces de la Corte durante un año sin necesidad de contar con el consenso entre oficialismo y oposición que se requiere para su nombramiento.
La medida generó un amplio rechazo de la oposición -e inclusive dentro de la coalición gobernante- y fue blanco de críticas por parte de especialistas. El decreto de Macri, incluso, fue judicializado: el 21 de diciembre, a una semana de su vigencia, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar en la que suspendió los efectos del decreto y ordenó a la Corte abstenerse de tomarles juramento.
Pero Rosatti y Rosenkrantz no asumieron en comisión: finalmente se recurrió al procedimiento de audiencias y al acuerdo legislativo de los 2 tercios de la Cámara alta que establecen el Decreto N° 222/2003 -dictado por el ex presidente Néstor Kirchner- y la Constitución, respectivamente.
Rosatti juró como miembro de la Corte el 29 de junio de 2016 y Rosenkrantz lo hizo el 22 de agosto del mismo año, 6 y 8 meses después del discutido decreto presidencial, y una vez que se cumplió con el trámite establecido en la Constitución nacional: el acuerdo de los 2 tercios del Senado.
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El pliego de Rosenkrantz fue convalidado por 58 votos afirmativos, 12 negativos y 2 ausentes. Los rechazos pertenecieron a 10 senadores que integraban el bloque por entonces llamado PJ-Frente para la Victoria: Hilda Clelia Aguirre (La Rioja), Ana Almirón (Corrientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Marcelo Fuentes (Neuquén), Virginia García (Santa Cruz), Nancy González (Chubut), María Ester Labado (Santa Cruz), María Inés Pilatti Vergara (Chaco), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y Marina Riofrío (San Juan).
También votaron negativamente los entonces senadores Carlos Menem y Fernando "Pino" Solanas, que eran opositores al gobierno de Cambiemos y tenían sendos monobloques, por fuera del bloque PJ-Frente para la Victoria, que entonces presidía Miguel Pichetto, quien votó a favor de ambos pliegos.
El pliego de Rosatti logró una mayoría aún más amplia: fue convalidado por 60 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes. A diferencia del pliego de Rosenkrantz, en este caso Aguirre, Riofrío y Menem votaron afirmativamente, mientras que Solanas y Jaime Linares (Frente Amplio Progresista-GEN) lo hicieron en contra.
Tanto Rosatti como Rosenkrantz obtuvieron el apoyo de al menos el 80% de los senadores; entre ellos, algunos integrantes del actual bloque oficialista, Frente de Todos: el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), Carlos Espínola (Corrientes), Silvina García Larraburu (Río Negro) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis).
En abril último Chequeado realizó un chequeo a dichos del ministro de Justicia, Martín Soria, sobre la designación de Rosenkrantz y Rosatti y los calificó de engañosos.
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- "La designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia". Alberto Fernández, convalidando lo afirmado en la controvertida carta de Cristina.
- La administración Macri enmendó el error "en los hechos y por los actos del gobierno que, volviendo sobre sus pasos, inició el procedimiento previsto en la Constitución Nacional remitiendo finalmente al Senado los pliegos para su tratamiento". Rodolfo Urtubey, senador del FPV al frente de la comisión de Acuerdos del Senado en 2016.
Tras escuchar y evaluar la idoneidad de ambos candidatos, el 15 de junio de 2016 la Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría los pliegos. Carlos Rosenkrantz obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que el pliego de Horacio Rosatti contó con 60 positivos y 10 en contra.
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