Ciberestafas: reclaman más prevención en los sistemas de seguridad de los bancos
Legisladores, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fiscales del MPA y miembros del Colegio de Abogados advirtieron que "no es suficiente" lo que hacen las entidades bancarias. Altos directivos del agente financiero de la provincia dijeron que están "preocupados y ocupados" en enfrentar el problema.
Advirtien que "no es suficiente" lo que hacen las entidades bancarias para contener el ciber delito.
Con el compromiso de que haya más acciones concretas para mejorar la prevención sobre los llamados ciber delitos, que se valen de sistemas bancarios virtuales, se cerró luego de dos horas y media de debate la primera audiencia pública sobre estafas a clientes de los sistemas informáticos de las entidades financieras que permiten ser operados de manera remota, mediante computadoras o teléfonos móviles.
El encuentro matutino de este jueves 25, contó con casi todos los interesados en el tema, tras la convocatoria que formuló la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, por una iniciativa de su presidente, Lisandro Enrico (UCR-.General Obligado). El senador que preside el bloque radical lamentó -al iniciar y cerrar las conversaciones- la ausencia de algún funcionario del gobierno de la provincia de Santa Fe, en especial del Control del Agente Financiero, cuyo director provincial es Gerardo Rico.
Legisladores, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fiscales del MPA y miembros del Colegio de Abogados advirtieron que "no es suficiente" lo que hacen las entidades bancarias. Altos directivos del agente financiero de la provincia dijeron que están "preocupados y ocupados" en enfrentar el problema.
El menú de herramientas para mejorar la posición del cliente ante el riesgo de las ciber estafas es variado, pero es motivo de fuertes controversias entre quienes las propusieron y aquellos que deberían aplicarlas. Entre otras, la posibilidad de que exista en la aplicación del agente financiero oficial para su clientes (que cobran sus salarios a través de cuentas que deben abrirse en esa entidad) un botón de cancelación de operaciones de efecto inmediato que, como en ciertas aplicaciones de compra y venta, incluso congele las cuentas del cliente bancario cuando exista una sospecha de estafa.
Lo mismo, para que cada cliente pueda elegir los límites a sus propias transacciones de manera personal, por ventanilla y en la sede bancaria. Por ejemplo, para dar un no anticipado a la toma de préstamos personales por sistemas remotos o para establecer montos máximos en sus compras vinculados a un porcentaje de sus ingresos, que los deje a salvo de estafas en las que se han perdido los ahorros de toda una vida.
Uno de los reproches más fuertes a los bancos fue que existan condiciones para que -de manera remota y sin pasar por ventanilla- un jubilado que gana apenas el haber mínimo pueda endeudarse por más de un millón de pesos. El defensor del pueblo de la región Santa Fe, Jorge Henn, narró padeceres concretos de ese extremo y dijo que no pueden los bancos dejar pasar por alto que hay un cambio repentino en la conducta transaccional del cliente, que antes de admitir esas operaciones debería verificarse la "cultura transaccional" de quien supuestamente pide esos montos. Destacó que deben ser los propios sistemas informáticos de las entidades crediticias capaces de emitir un signo de alerta, para que esas operaciones sospechosas no se concreten y para que se pueda luego seguir la pista del fraude.
Los pedidos también tuvieron en cuenta un drama repetido en las estafas virtuales: los engaños se producen en buena medida cuando nada funciona, no hay atención al público y solo responden grabaciones en los teléfonos de servicios, es decir, los fines de semana o en feriados. Se subrayó desde el Ministerio Público de la Acusación, de la Defensoría y desde el Colegio de Abogados local que un servicio de atención al cliente las 24 horas es necesario ante la reiteración de estos hechos.
Además del senador Enrico, encabezaron el encuentro el vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Guillermo Cornaglia (PJ-Nes-Belgrano), el defensor del pueblo de la regional Santa Fe, Jorge Henn, el fiscal regional del MPA Carlos Arietti y Marcelo Poncini, gerente de Riesgo del Banco de Santa Fe SA. También participaron los senadores Orfilio Marcón (UCR-General Obligado), Rodrigo Borla (UCR-San Justo), José Baucero (PJ-Nes-San Javier) y Hugo Sosa (PJ-Nes-Vera).
Las autoridades del agente financiero oficial que acudieron al encuentro mostraron total predisposición a mejorar sus sistemas, dijeron que están "ocupadas y preocupadas" por el aumento de los delitos en los que se vulneran los datos personales al violar sistemas de seguridad o mediante engaños telefónicos a clientes desprevenidos que comparten hasta sus contraseñas y destacaron que el Banco de Santa Fe ha creado un área específica para enfrentar el riesgo y hacer más potentes sus sistemas de seguridad. Subrayaron que además de cumplir todas las normativas del Banco Central en la materia pasan sin inconvenientes sus inspecciones pero que, no obstante, siempre se buscan mecanismos para mejorar esos márgenes de inseguridad.
Del mismo modo, Marcelo Poncini, gerente de Riesgo del Banco de Santa Fe SA, expresó que son compartidas con otros bancos las experiencias frente a un tipo de delitos que muta permanentemente y admitió que aunque hay problemas cada vez mayores a nivel internacional, producto del aumento de la virtualidad empujada por las restricciones de la pandemia, en la Argentina -una vez más- los problemas son mayores. Dijo que hay fuertes inversiones en programas informáticos en ese y otros bancos y que "estamos adquiriendo un software especial". Admitió que "empezamos un paso atrás" de esa tendencia.
Validó las cifras del incremento que brindaron otros participantes, que hablan de una suba del 1.000%. En el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Arietti dijo que en los poco menos de ocho meses que van de 2022 ya hubo tantas denuncias como las que existieron a lo largo de todo 2021. Los fiscales especializados en ciberdelitos aportaron que por mes llegan a sus escritorios unas 100 denuncias.
Sobre el peso de las estafas en sistemas bancarios, el diputado provincial Oscar Martínez (100% Santafesino) aportó lo que la calle repite: que son pocas las denuncias respecto de los casos, porque cuando son montos bajos o se recuperan el afectado prefiere no hacerla. También porque no siempre son advertidas por quien sufre esa situación. El legislador habló sucintamente de sus tres proyectos de ley referidos a clientes y bancos. Explicó que busca cambios en el Código Procesal Penal para estos delitos, que se implementen más mecanismos de prevención y de lo que ya se ha hecho: la creación de un área especializada en el MPA.
¿Limitar los dispositivos?
Una propuesta concreta de Enrico para que el banco de Santa Fe aplique de manera inmediata produjo un interesante intercambio de opiniones. El senador dijo que "en un 90%" las estafas a quienes mediante engaños se les quitan sus claves y datos personales ocurren desde dispositivos (celulares o computadoras) que no pertenecen a los titulares de las cuentas bancarias involucradas. Preguntó si no es posible bloquear esas operaciones, para el caso en que no sean los dispositivos habilitados por los clientes los que se usan en las transacciones. La respuesta fue que hay ya la tecnología instalada para que se detecte cuando no se usan los dispositivos usuales de cada cuenta, pero que si quien ha robado los datos y las contraseñas tiene esa información en su poder puede usar cualquier celular o PC. Técnicos expertos en riesgo le dijeron que es más fácil para los sistemas bancarios identificar teléfonos que computadoras personales y que por eso se recomienda bajar la aplicación oficial y que resulta más difícil verificar si se trata o no de la misma computadora.
Para el senador Orfilio Marcón fue extraña la respuesta y puso como ejemplo lo que ocurre en el Senado con los recursos del Fondo de Fortalecimiento Institucional que, desde hace unos 10 años, se distribuyen mediante un sistema que identifica los celulares de los senadores para que "sin tocar un peso" se puedan girar las transferencias de sus subsidios a instituciones.
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