La Empresa Provincial de la Energía enfrentó en una audiencia pública las opiniones que, desde entidades sectoriales, gremiales, empresariales y desde los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados se hicieron sobre la actual gestión, además de tomar partido sobre el pedido de aumento de tarifas.
La compañía estatal usó una hora y media para exponer su pedido de aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) del 33,8 por ciento. Y luego hubo 21 oradores que hablaron durante menos de dos horas. Todos lo hicieron en nombre de algún sector o entidad.
Fueron varias las particularidades de esta instancia de debate. Por una parte, fue la primera en celebrarse de manera virtual, por sistema de conferencia en internet y transmitida en vivo por redes sociales: de esta forma pudieron escuchar las exposiciones 66 inscriptos como participantes. Por otra, esta vez no hubo ningún usuario que hable sólo en esa condición, la de quien está en el otro extremo del cable del sistema eléctrico argentino: desde la generación de la energía mayorista y el transporte en alta tensión, hasta la distribuidora que le entrega su servicio y ahora debe explicar por qué necesita subir las boletas. Otro detalle a destacar es que aprovechó a decir lo suyo sólo una de las varias asociaciones y uniones de consumidores y usuarios de la provincia, que normalmente presentaban sus quejas por los aumentos de la Epe desde que se abrió esta posibilidad, en 2016, o en las de los servicios sanitarios que debutaron en marzo de 2010.
Empresarios gastronómicos y hoteleros, inquilinos, un diputado del PJ, un representante de los usuarios y un dirigente gremial pidieron que la suba sea al menos escalonada en algunos casos y que haya créditos para pagar las boletas que van a generar nuevas deudas, en otros.
En cambio, desde el Frente Progresista, radicales y socialistas -además de pedir formas de auxilio para los usuarios que no puedan pagar- formularon fuertes críticas sobre la actual gestión de la compañía. También el peso de la deuda de la distribuidora que "estaba en el cuadro de honor de Cammesa" durante la gestión anterior y que ahora tiene un rojo que supera con los intereses los $ 14.500.
El ex ministro de Economía Gonzalo Saglione advirtió que con los intereses y el plan de pagos al que seguramente podrá acceder la Epe para pagar la energía mayorista adeudada, se abonarán "recién en 2026" los kilowatios que los santafesinos pagaron en 2020.
Con menos números y más adjetivos, la ex secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese dijo que "balance mata relato" y que no existe la "Epelandia" que fue descripta por la actual conducción a la que le endilgó una "degradación institucional".
Ambos son asesores de la oposición en Diputados, como Ramón Soqués, que enumeró los pedidos de informes aún sin respuesta de la Epe: entre ellos uno que reclama precisiones sobre la energía mayorista impaga y sus costosos intereses. El propio Caussi ha dicho que el capital era de 9 mil millones (intereses y punitorios le agregaron otros 6 mil).
Los dirigentes políticos hablaron poco sobre el fraude eléctrico y los enganchados. La Epe expresó que las pérdidas no técnicas en total superan el 16%.
Dos diputados tuvieron voces distintas a al debate dominado por sus pares opositores (y sus asesores) con la Epe. Nicolás Mayoraz de Somos Vida y Familia elogió a la actual gestión por haber "mejorado las condiciones de prestación del servicio" pero rechazó el aumento por la crisis económica que causa graves problemas en los ingresos de los trabajadores, mientras que el justicialista renovador Oscar Martínez (100% Santafesino) solicitó una aplicación progresiva del aumento, en tramos que sigan la evolución de los aumentos a los empleados públicos, tal como pretende un proyecto de ley suyo.
Rechazo del defensor del pueblo
La secretaría de Servicios Públicos le concedió diez minutos, en lugar de cinco, al defensor del pueblo, Raúl Lamberto, de extensa trayectoria en este tipo de instancias de debate.
Rechazó el aumento al advertir las dificultades económicas que ha producido la pandemia y las medidas adoptadas para su prevención y, si bien aceptó que hay problemas económicos para la empresa, pidió continuar el esquema de congelamiento tarifario que lleva dos años.
Destacó que la audiencia se llevó a cabo con la información necesaria con antelación y puso el foco en el problema del precio del kW a nivel mayorista.
Subrayó que hoy ese costo implica el 50% de las boletas y recordó que –en otras audiencias- ha cuestionado el valor del gas que se usa para la generación, y que repercute en el precio de la energía eléctrica.
Apenas una entidad de usuarios
La audiencia pública para la actualización de las tarifas, que según la oposición implicará un aumento de entre el 40 y el 50% en los bolsillos de los santafesinos, no contó con la participación de la enorme mayoría de las entidades de usuarios y de consumidores de Santa Fe.
La teleaudiencia hecha por videoconferencia comenzó puntual a las 9 y recién a las 11.45 se pudo oír la opinión del único representante de las entidades que se ocupan de los derechos de los usuarios y los consumidores.
Ignacio Pandullo de la Asociación Civil Centro Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor reconoció que entendía la necesidad de actualizar las tarifas, tras leer el informe presentado por la Epe, pero pidió que la Epe siga las recomendaciones que la Corte Suprema de la Nación hizo al gobierno nacional anterior ante aquel "sinceramiento tarifario" que elevó los servicios más del 1.000 % en cuatro años.
El orador solicitó que quienes más tienen más paguen mediante una segmentación mayor de los cuadros tarifarios; que se alcancen valores que los usuarios puedan abonar (o habrá más boletas en rojo) y que las subas sigan un proceso de progresividad.
Habló de la suma del mal endémico de la inflación y la pandemia y calificó como "un bálsamo" el congelamiento que ahora termina en Santa Fe.
Solicitó que siga el cese de cortes por falta de pago y que se implementen planes de financiación, con intereses que no signifiquen una ganancia para el acreedor.
En el mismo sentido lo hizo luego, Aldo Sotelo representante del Sindicato Trabajadores de Municipales de Reconquista que advirtió que las recomposiciones salariales no han sido aumentadas en un 30% de una vez, sino en forma escalonada.
Destacó las penurias económicas de los salarios frente a los bienes de consumo diario y mostró su oposición al aumento.