La Defensoría del Pueblo de Santa Fe como miembro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) manifestó su profunda preocupación con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 756/2018 por el cual se deja sin efecto la distribución del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Soja, a las provincias y municipios.
En el marco de reuniones mantenidas con legisladores nacionales en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los defensores del Pueblo se manifestaron en contra de la decisión del gobierno nacional y solicitaron que considere la medida en pos de garantizar la paz social.
“El origen del Fondo Sojero fue una respuesta de equilibrio institucional luego de la 125, con lo cual su eliminación es desconocer su carácter reparador. Y es quitar fondos a las obras de provincias y municipios, muchas de ellas en ejecución, y retrotraer lo que el Fondo había logrado compensar. La inquietud es por la afectación de lo público y el avance sobre el federalismo”, expresó Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de Santa Fe.
A través del Decreto 757/2018 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de la Nación deja sin efecto la distribución del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Soja, a las provincias y municipios. Dicho fondo equivale al 30% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación, y significaría un monto aproximado a los 1000 millones de dólares cuya finalidad es financiar obras provinciales, municipales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires para contribuir a la mejora de la infraestructura edilicia, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial de las distintas reparticiones y/u organismos públicos, como así también, solventar infraestructura e inversión productiva.
“Esta medida dispuesta reviste una singular gravedad institucional, económica y política, vulnerando el derecho humano de vivir en condiciones dignas, siendo el federalismo pregonado por el presidente sólo un anhelo”, dice el comunicado firmado por los Defensores del Pueblo de la República Argentina. Y añade: “Vemos con suma preocupación el ahogo que significará para las economías regionales dicha medida, que paralizará obras de infraestructura que garantizan derechos humanos tales como el acceso a las cloacas y al agua potable, y todas aquellas obras que conllevan su aplicación directa”.
Asimismo, los Defensores nucleados en Adpra manifestaron su oposición ante versiones según las cuales se modificaría la coparticipación provincial en lo que está reglamentado con respecto al IVA y al impuesto al cheque.