Hacía varios años que en el sector eléctrico no se producía una declaración pública relevante de cara a quienes tomas decisiones en las políticas energéticas, a nivel nacional. Bajo la fórmula "certidumbre y reglas claras" las empresas publicas y privadas que conforman las cámaras de los subsectores de la generación, el transporte y la distribución expresaron -en otras palabras- que en esa materia no se puede improvisar ni experimentar.
En medio del proceso político más disruptivo en el país desde 1983, donde aún no está definido el elenco completo de la conducción económica y sobre la infraestructura energética importa que se vuelva a hablar de lo elemental para la energía en cualquier decisión desde los despachos con poder: un sendero de recuperación de los valores de la retribución a cada subsector y un marco normativo que sea respetado además de objetivos claros.
Todo eso esgrimen en las palabras del presidente de la Asociación de Distribuidores de la Energía Eléctrica de la República Argentina, Edgardo Volosin, los más de 200 cuadros técnicos y empresarios que mantuvieron un encuentro del que la página oficial de Adeera muestra un discurso final con respaldo de los otros dos subsectores.
En el escenario
La reseña institucional es por supuesto más que cuidadosa pero se encarga de confirmar que en el escenario de un encuentro sobre "transición energética", junto a Volosin, estuvieron otros representantes de las Cámaras del sector de la energía eléctrica.
"Esperamos que las autoridades responsables de la regulación del sector hagan un reconocimiento de los costos reales de la cadena del servicio", señaló el titular de Adeera. A su lado, con su sola presencia, firmaron al pie de la declaración los presidentes de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la Repúblicoa Argentina (Ageera), Gabriel Baldasarre; la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera), Eduardo Beloqui; y de la Asociación de Transportistas de la Energía Eléctrica de la República Argentina (Ateera), Pablo Tarca.
Un cable de la agencia Télam indica que Volosin, resaltó el rol del sector en la transición energética y cita el pedido antes comentado. Expresó que la energía eléctrica "es clave para el desarrollo de la sociedad y es un actor protagónico del proceso de transición energética que ya se inició en la región y el mundo", con la progresiva desaparición de los combustibles fósiles por el agotamiento de las reservas y la mudanza a otras energías.
Mirá tambiénEnergía: más subsidios para el centro norte de Santa Fe durante los 3 meses cálidos"Esperamos que las autoridades responsables de la regulación del sector hagan un reconocimiento de los costos reales de la cadena del servicio y avancen en un sendero de recuperación", auguró con una velada crítica al proceso político que termina.
Agregó que "resulta necesario brindar certidumbre y reglas claras para sostener el crecimiento de la economía y poder emprender firmemente el proceso de transición energética", compensó luego.
Para Volosín se está ante "una gran oportunidad para Argentina porque se generarán inversiones para la modernización del sistema y se impulsarán nuevos puestos de trabajo en temas como inteligencia artificial, automatización, blockchain y ciencia de datos".
En lo que respecta al área de la Distribución, Volosin señaló que el recambio hacia medidores inteligentes, nuevas tecnologías de almacenamiento, electromovilidad, generación distribuida o cualquier innovación digital "representan inversiones de gran magnitud que pueden fortalecer a la economía argentina".
Una señal por vía de un disparate
"Nadie de los que paga impuestos usa ese gasoducto", dijo casi despectivamente el hasta aquí designado ministro de Infraestructura en el próximo gobierno nacional, Guillermo Ferraro. Criticó la presencia del Estado en la obra pública pero expresó lo que puede calificarse como una verdad a medias en el mejor de los casos o como un redondo disparate en términos de la complejidad de las inversiones que requiere el desarrollo en el país.
"No lo usamos y lo pagamos con nuestros impuestos, no resulta lógico", reafirmó para que quede claro cuál se espera que sea el rol del sector público en la próxima gestión. Y que se espera que quien invierta (y arriesgue) sea el privado, no "nosotros" los que parecemos no necesitarlo.
Casi de inmediato voceros del sector energético del actual gobierno, pero también de otras gestiones anteriores, explicaron que un gasoducto permite transportar gas que es finalmente utilizado también por quienes encienden una hornalla o su velador. Y que de ser exportado ingresarían al país más divisas.
El gas transportado se consume en las centrales térmicas porque es el combustible más económico. De quemarlo depende hoy, un un 60%, la demanda de energía eléctrica del país.
Sobre los dichos de Ferraro, acaso reduccionistas, debe decirse que es verdad que es un insumo vendido por una compañía privada (una petrolera, por ejemplo) a otra firma (una generadora térmica en la ciudad de Buenos Aries por caso) y que un tercero la transporta (un operador mayorista del gas, público o privado) a través de un gasoducto que requiere una inversión gigante.
Mirá tambiénBaja la tarifa de energía a 427.368 hogares de la provincia de Santa FeLa declaración seguramente buscaba explicar que se trata de un riesgo a asumir, en la visión de la próxima gestión, por los empresarios.
Se refería al Gasoducto Néstor Kirchner que transporta la producción de Vaca Muerta, a donde es necesaria. En 573 kilómetros va desde una región patagónica muy poco habitada a la red de gasoductos troncales que abastecen a la zona que goza de los beneficios del gas natural donde se encuentran los mercados más concentrados en población y actividad económica. También los puertos.
Es cierto, fue hecho con fundos públicos que provienen de los impuestos y también que mucho antes que los consumidores finales lo "usan" (ese fue el verbo que empleó Ferraro) compañías estatales y privadas para generar energía eléctrica, para distribuirlo a industrias y hogares y para exportarlo. Por lo pronto, se estima que evitará un gasto mucho mayor a su construcción con la importación de buques cargados de Gas Natural Licuado para cubrir las demandas del próximo invierno.
Es obvio que Ferraro sabe de qué habla cuando dice que el que lo "usa" no es quien paga los impuestos y que conoce perfectamente todo lo dicho hasta aquí. Por supuesto, su impactante declaración debe tomarse como lo que es, una señal.
"El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado. Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión. El país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura en estas áreas y la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura del sistema y la nueva es tan importante en términos del PBI, 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público", ha dicho Ferraro.
"Casi todas las concesiones ferroviarias, energéticas, centrales hidroeléctricas, corredores viales, tienen su origen en los '90, otorgadas por 20 o 25 años, vencieron durante los últimos ocho, y las administraciones no generaron nuevas condiciones. Todas estas obras están hoy en un porfolio de precariedad, de prórrogas, tenencias precarias, ya que desde mediados de 2018 casi no se hacen inversiones en la infraestructura existente porque el privado no sabe si va a continuar o no y tampoco se llamó a nueva concesión", apuntó el futuro ministro de Infraestructura respecto de la precariedad normativa de un Estado que se decía presente. Ahora se buscará que quede en todo lo posible ausente.
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