Acaso por el tiempo de espera que llevan unas 150 víctimas de estafa del Loteo Nueva Arboleda, en la ciudad de Santo Tomé, entre los damnificados se comienzan a tejer especulaciones sobre las verdaderas causas de tanta demora, más cuando ya ganaron dos veces en tribunales en sendas sentencias de 2020 y 2023.
Mirá tambiénEstafas inmobiliarias en Santa Fe: abogados, corredor y martillero entre los siete imputadosFamilias damnificadas se comunicaron con El Litoral y pidieron que se recuerde que sigue sin ejecución lo resuelto por la justicia para que -con el producto del remate del bien en cuestión- al menos haya una suerte de resarcimiento, que saben será menor que el dinero y los sueños que depositaron en el loteo. La enorme mayoría de los damnificados buscaba tener el techo propio, no eran inversores en busca de una oportunidad especulativa.
La demora de cuatro años, desde que la justicia se pronunció sobre numerosas demandas (los perjudicados fueron divididos en grupos por sus abogados) se explica porque tras las primeras sentencias dictadas a partir de mayo de 2020 por el juez Diego Aldao, a favor de los demandantes y contra los organizadores del loteo, Mariano Alejandro Coronel y Patricia Noemí Cardozo Loverde, hubo un giro inesperado.
Doble venta
El juez Aldao dejó establecido en su sentencia de 2020 que hubo un acto de compra venta hace más de una década, admitió su documentación y testimonios (hay relatos que aún en el técnico lenguaje judicial describen el daño moral además del económico) y estableció la obligación de Coronel y Cardozo Loverde de abonarles ambos perjuicios, con más los intereses.
Se expone en el fallo que a sabiendas los nombrados no contaban con la habilitación municipal de la ciudad de Santo Tomé para lotear la propiedad, ni para la operación inmobiliaria que sin embargo tuvo una amplia publicidad con la que aún es posible tropezar en una simple búsqueda por internet.
Mirá tambiénSeguirán presos los investigados por millonarias estafas con inmueblesPero de 2020 a 2023 la orden del juez no se cumplió porque, oh sorpresa, los vendedores volvieron a vender ese bien...
Así, el supuesto nuevo dueño interpuso un recurso para evitar la ejecución y el remate. Obviamente, el fallo no lo favoreció. Fue rechazada la pretensión y confirmados los derechos de las víctimas de la estafa. Pero desde entonces no hubo más novedades y comienzan a evaporarse los últimos meses del año… pronto se cumplirán 12 meses desde la última vez que el expediente se movió en el sistema on line que posee el fuero civil y comercial.
En diciembre del año pasado no hubo más dudas: la doble venta fue una maniobra de los vendedores que primero cobraron por los lotes y después pretendieron desprenderse del inmueble como unidad, como si fuera un pequeño campo. Todo indica el comprador conocía perfectamente que el terreno estaba afectado a venta por lotes, según lo resuelto por el magistrado.
El paso siguiente es la ejecución de la sentencia pero el tiempo pasa y no se lleva adelante. A los afectados, cuyo drama comenzó hace más de una década, les cuesta creer que solo los lentos tiempos de la justicia expliquen lo que ocurre y formulan todo tipo de teorías sobre el derrotero del caso y la intervención de distintos estudios jurídicos. Muestran documentos de las sentencias a su favor y se preguntan -con toda lógica- qué sucede que no hay ejecución de lo dispuesto.
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