Para evitar nuevos Kikis

Mario Cáffaro
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El diputado Alejandro Boscarol (UCR) presentó dos proyectos de ley tendiente a hacer obligatoria la figura del Abogado del Niño y a reformar las medidas de protección excepcional, inicaitivas que apuntan a “subsanar los errores que se hicieron público” en el caso de Kiki, el menor que le fue quitado a la familia sustituta que integran Sergio Gigliotti y Cristina Morla, presentes en la conferencia de prensa realizada en el bloque radical.

En la presentación, el legislador fue muy crítico del funcionamiento de la subsecretaría de Niñez e incluso de la jueza que entiende en la causa. En tanto, el flamante bloque de diputados Igualdad que integran Rubén Giustiniani, Carlos Del Frade, Silvia Augsburger y Mercedes Meier presenta hoy también un proyecto de ley para crear el servicio de patrocinio jurídico de niñas, niños y adolescentes para defenderlos ante cualquier procedimiento administrativo y judicial que los afecte. Además pretenden que la Corte Suprema de Justicia tenga un registro público de abogados especializados en derechos de niñez.

Los proyectos más las inquietudes expresadas en el propio recinto sobre la situación en Niñez -especialmente de boca de la justicialista Patricia Chialvo- marcan la preocupación legislativa que existe sobre esa área del Poder Ejecutivo.

Boscarol ayer advirtió que sobre Kiki “hay un montón de preguntas que no terminan de responderse ni por parte de la subsecretaría de Niñez del Poder Ejecutivo ni de la justicia” señaló que el caso pone de relieve las falencias del sistema recordando aspectos del informe del Observatorio de Derechos de Niñez. Mencionó plazos vulnerados, condiciones de hacinamiento, falta de registros y de seguimiento de casos.

Uno de los proyectos pone un límite taxativo de 9 meses como establece el Código Civil porque “las leyes provinciales no se han adecuado a esos plazos, y la vulneración de esos plazos significan una cantidad de problemáticas como las padecidas por Cristina y Sergio”. El otro es para la figura del ‘abogado del Niño’ que es un letrado que patrocina y defienda los derechos superiores del niño y que en muchas ocasiones son los adultos los que resuelven por ellos. Boscarol señaló que la figura existe pero que no es obligatoria y por ende no operativa especialmente en el centro norte santafesino.

Gigliotti en cambio destacó su uso por parte de jueces rosarinos. La iniciativa apunta a que el Colegio de Abogados genera una lista de abogados especializados en derecho de familia y niñez para que actúen en caso de vulneración de derechos sin esperar la solicitud de un juez.

“En el caso de Kiki podemos decir que hay un fracaso estrepitoso de las políticas de protección de la niñez y deberían ser los funcionarios de la subsecretaría los que deberían explicar porqué sucede esto en la provincia. También le preguntaría a la jueza Romero porqué se tomó el tiempo que se tomó para dictaminar este caso específico, para la justicia los plazos parecen no importar”, señaló el legislador.

Los alcances

Uno de los proyectos crea la figura del Abogado del Niño para representar los intereses personales e individuales de los menores ‘legalmente ante cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte’ . Se la otorga la defensa material y técnica de los intereses particulares de los menores y establece que el registro de esos profesionales estarán en manos de cada uno de los cinco colegios de abogados para actuar en las distintas circunscripciones.

“El derecho de contar con asistencia letrada, surge de la mayoría de los tratados de Derechos humanos, la Constitución Nacional, en tanto garantía procesal, y de la Convención de los Derechos del Niño y normas complementarias en particular, por su especial condición de niño” resaltó el legislador.

El otro proyecto apunta a modificar varios artículos de la ley 12.967 que es la adhesión santafesina a la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Dicho artículo establece las medidas de protección excepcional que importan la privación al menor del medio familiar o de su centro de vida en el que se encuentra cuando el interés superior de éstos así lo requiera. Las reformas apuntan al cumplimiento estricto de los plazos establecidos por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en materia de derecho de familia.

Insistencia

La diputada Alejandra Vucasovich (Cambiemos) anunció que presentará nuevamente el proyecto que prevé la creación de centros de rehabilitación rural en toda la provincia como espacios de recuperación de adictos atendidos por el Estado. La legisladora hizo el anticipo ante el reclamo de jueces penales del sur provincial por falta de espacios para tratar a los imputados afectados por el consumo de drogas.

La propuesta de Vucasovich es que esos centros educativos rurales, que no tengan usos preestablecidos, cuenten con profesionales especializados como médicos, psicólogos, psiquiatras, entre otros. Para la recuperación de la persona adicta se fomentará el trabajo comunitario, la producción de micros emprendimientos con el objeto posterior de generar una salida laboral, generando la auto valoración del individuo.