Extinción de dominio: Santa Fe se adelantó al debate nacional

Luis Rodrigo | [email protected]

El debate que hoy vive el país respecto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que legisla sobre la extinción de dominio -para que el Estado recupere los bienes producto de la corrupción y el narcotráfico-, pasó por Santa Fe dos años atrás, bajo una realidad política muy diferente.

Mientras en el plano nacional las diferencias entre el gobierno nacional y una parte de la oposición llevaron al fracaso del debate en el Congreso, en la Legislatura santafesina hubo -en cambio- un alto consenso.

Diferencias

La Casa Rosada justifica hoy el dictado de un DNU -para un tema que es de competencia legislativa- mencionando que el Legislativo no avanzó (y tampoco llama a sesiones extraordinarias).

La Casa Gris, en cambio, avanzó con el envío de un proyecto de ley a Diputados que ya era el fruto de conversaciones previas con al menos una parte de la oposición. El consenso se construyó en esa Cámara sobre la base de llevar adelante modificaciones que -aunque hubo disidencias en el tratamiento en particular- lograron la unanimidad. Luego, los senadores (que ya estaban al tanto de lo que trataban los diputados) también aprobaron, sin votos en contra, la norma.

Reformas

En Santa Fe, la Ley de “Extinción de dominio” lleva el número 13.579 y fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2018. Había sido votada por la Legislatura el 22 de septiembre de 2017.

El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silverstein reglamentaron 5 de los 22 artículos de la norma. Y de inmediato se la hizo operativa.

En la Nación, en cambio, el decreto número 62 oficializó el DNU que tanta polémica ha desatado por estos días, y que deberá tratar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, integrada por 8 diputados y 8 senadores, donde Cambiemos y el peronismo comparten -por partes iguales- esos lugares.

Mientras que la Nación optó por convertir en el juicios civiles (no penales) la tramitación de la extinción de dominio para que el Estado incaute bienes de la corrupción, el narcotráfico y la trata, entre otros delitos, en Santa Fe se optó por una reforma a la altura de lo que puede legislar una provincia. Por eso la ley santafesina es una reforma al Código Procesal Penal (no al Código, que es competencia nacional).

De prosperar la iniciativa del presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia Germán Garavano, serán jueces civiles quienes llevan a cabo la toma de esos bienes. En Santa Fe, en cambio, es la Agencia Provincial Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), bajo la órbita del Ejecutivo la que subasta esos bienes.

Trabaja en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales) y las Oficinas de Gestión Judicial (que dependen de la Corte).

Contextos

En el Congreso, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley que tenía el respaldo del gobierno nacional. Y en el Senado, la mayoría peronista (kirchnerista y no kirchnerista) modificó ese proyecto, y lo devolvió a los diputados, pero a días de terminar el período ordinario de sesiones.

“Corrupción” fue la palabra que inmediatamente fue asociada a la “extinción de dominio” en el debate nacional; “narcotráfico”, en cambio, fue el término que más se citó al discutirse la norma en Santa Fe.
Aunque ambas reformas se ocupan tanto de lo uno como de lo otro, el debate político fue condicionado por sendos términos.

La única

“Único antecedente legislativo sobre ‘extinción de dominio’ en el país ley 13.579 de Santa Fe. Ya se subastaron bienes por millones de pesos. Habría que convocar a los santafesinos para capitalizar esa experiencia”, escribió en su cuenta de twitter, Eduardo Massot, presidente saliente del Colegio de Abogados de Santa Fe, que asumió como titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Subastas trimestrales

El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, adelantó que cada tres meses serán subastados los bienes incautados a bandas criminales en la Provincia.

El funcionario precisó que esa oficina existen unos 300 bienes decomisados, listos para subastar, y adelantó que se buscará hacerlo una vez por trimestre.

Hasta aquí ya fueron rematados 18 vehículos de alta gama incautados a delincuentes, por unos $ 4 millones. Además, de los llamados desarmaderos, se obtuvo otro millón, que será usado para resarcir a las víctimas de esos delitos.

El mes que viene o a más tardar en marzo, en nuestra ciudad se hará otra subasta, con 25 vehículos, que podrían recaudar otros $ 5 millones.

A los rodados se suman bienes inmuebles en Rosario y Melincué, motos, computadoras y hasta dinero en efectivo, incautado.

La legislación santafesina permite al Estado rematar los bienes cuyo titular está imputado en una causa penal y no puede justificar, con sus ingresos, la forma de haberlo adquirido.

Para que el bien secuestrado a un delincuente sea puesto a remate deben pasar al menos seis meses desde su secuestro. Y no debe tener interés probatorio para la causa penal que lo investiga.