En todo el país hubo repercusiones por las declaraciones de la diputada nacional Lourdes Arrieta (La Libertad Avanza-Mendoza) quien afirmó que no sabía que iba a visitar a represores condenados por graves crímenes cometidos durante la dictadura militar con pares de su bloque. Confesó que debió "googlear" las palabras Alfredo Astiz para saber quién era el marino al que había visto tras las rejas.
Su caso desmiente la ligera e inconstitucional afirmación de que los legisladores deberían acreditar estudios o títulos universitarios. La cuyana es licenciada en Comunicación Social, recibida en la Universidad Maza.
De ese grupo formó parte la diputada nacional electa por Santa Fe, Rocío Bonacci, quien dice haber sido "partícipe de una visita de la que no se informó de qué se trataba" y "con genocidas" de la que no sabía y se mantuvo a un costado (aunque pudo oír parte de lo conversado). Ahora, en la tensión interna del oficialismo en el Congreso, parece atada la suerte de la licenciada Arrieta y de la hija de la diputada provincial Beatríz Brouwer y del ex concejal de Rosario José Bonacci (ambos ex militantes del Modín de Aldo Rico, en los '90).
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