Con la firma del gobernador, Omar Perotti, y del ministro de Economía, Walter Agosto, el Poder Ejecutivo envió el último jueves a las cámaras legislativas el informe del Presupuesto Plurianual para el trienio 2022 - 2024 como lo ordena la Ley de Administración santafesina y el régimen federal de responsabilidad fiscal. La adhesión a la norma nacional dispone que los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben presentar ante sus legislaturas las proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el trienio siguiente.
Esas proyecciones deben contener como mínimo: de recursos por rubros; de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica; programa de inversiones del período; proyección de la coparticipación de impuestos a municipios; programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales; perfil de vencimientos de la deuda pública, criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.
El mensaje 4969 del Poder Ejecutivo tiene 33 páginas, la mayoría de las cuales corresponden a cuadros anexos, exponiendo números del ejercicio 2022 -en debate ahora en Diputados- así como para los dos siguientes ejercicios.
El proceso de proyección presupuestaria plurianual "es compatible con el proyecto de Presupuesto para el año 2022 y en lo que hace a las estimaciones para los ejercicios 2023 y 2024, se han considerado al efecto las variables macroeconómicas consignadas en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2022". Este último proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados de la Nación mientras que el Ejecutivo dictó un decreto reconduciendo el actual Presupuesto para el año siguiente.
En capítulo de recursos están clasificados por rubros y desagrega -entre otros conceptos- los de origen provincial, nacional y otros posibles orígenes. Aclara que en lo que respecta a la metodología de determinación, "se han tenido en cuenta los niveles de actividad económica y precios estimados sobre la base de las variables macroeconómicas informadas en el mensaje de elevación del proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el año 2022" más las proyecciones para los dos años siguientes.
"En cuanto a los recursos de origen provincial se han estimado en función del mantenimiento de la política tributaria provincial vigente sin prever ningún tipo de incremento en alícuotas y/o valuaciones, considerando el crecimiento de la actividad económica y precios explicitados en el presente", afirma. También contempla los gastos tributarios provenientes de diversos tratamientos impositivos tendientes a promocionar distintas actividades económicas mediante deducciones y exenciones impositivas.
El informe a Legislatura comprende además las proyecciones de erogaciones así como el programa de inversiones, también están los informes sobre los créditos internacionales y el programa de vencimientos para el trienio. En cuanto a las políticas de financiamiento hay externas e internas. Entre las primeras señala al aporte del Fondo Kuwaití para la etapa I del Acueducto Reconquista; el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo para la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón donde también hay un crédito del Fondo OPEP y del Banco de Desarrollo de América Latina CAF para el Programa Santa Fe+ Conectada.
En créditos internos está consignado con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para la defensa y estabilización de barrancas San Javier.
"En consonancia con las líneas de políticas definidas en el proyecto de Presupuesto 2022, en el que se ha contemplado la perspectiva de género, se profundiza para el período 2023 - 2024 el proceso de instrumentación de dicha iniciativa" y la información está en uno de los anexos.
"El Presupuesto Plurianual 2022 - 2024 que se remite es de naturaleza informativa y tanto su mensaje como su contenido asumen la característica de un documento sintético", concluyen los considerandos de Perotti y de Agosto.
La Legislatura ingresa en la última semana del año y con recesos ya votados para enero y con la incógnita sobre la definición del mensaje del Presupuesto 2022, la Tributaria 2022 y la emergencia en seguridad y servicio penitenciario.
Los tres temas están en manos de la Cámara de Diputados que -en principio- será convocada para el martes a los efectos de darle ingreso al Presupuesto y determinar si miércoles o jueves llega el asunto al recinto. El ministro de Economía, Walter Agosto, se comprometió a enviar una serie de información que le fue requerida por los diferentes espacios políticos durante la reunión del pasado martes.
En cuanto a la Tributaria restará saber si la firma del nuevo Consenso Fiscal aclara algunas de las dudas planteadas especialmente por la bancada socialista a través de Lorena Ulieldin y Clara García.
En lo que hace a emergencia en seguridad, se espera una respuesta política de la Cámara a los requerimientos que hiciera el ministro Jorge Lagna . "Sin conocer cuál es el plan de contingencia ni los lineamientos centrales de la estrategia para mediano y largo plazo es muy complejo evaluar la pertinencia del reclamo", señaló el radical Juan Cruz Cándido a El Litoral. El legislador preside la Comisión de Seguridad y advirtió que por un lado "se incorporan como objetivos a autorizar por ley de emergencia inversiones que el Ejecutivo puede realizar sin la emergencia y que podría haber incorporado en el actual proyecto de presupuesto para erogar conforme a los mecanismos previstos para las necesidades urgentes en la ley de Administración Financiera en vigencia. Además, plantea la necesidad de contar con la herramienta legislativa para otorgar suplementos que se pueden otorgar a solo decreto del Ejecutivo tanto en el caso de Policía como en el Servicio Penitenciario".
El otro planteo de Cándido es que el Ejecutivo sigue sin presentar "un informe respecto a la utilización o no que se le dio a la Necesidad Pública en seguridad, que dejó de ser pasible de regir recién en octubre de 2021. No se pudo evaluar si la herramienta de la emergencia es válida o puede terminar en una mera declaración de intenciones que describa el estado de cosas pero que no aporte nada a revertir la crisis", aclaró.