El Gobierno anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el organismo encargado de la inteligencia nacional. La decisión, respaldada por el presidente Javier Milei, se basa en la necesidad de abordar disfuncionalidades y garantizar la transparencia y eficiencia en el funcionamiento del sistema de inteligencia del país.
Boletín Oficial
Javier Milei intervino la AFI para una reestructuración integral
Es por un "un plazo de dos años o hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la intervención".
La decisión, respaldada por el presidente Javier Milei, se basa en la necesidad de abordar disfuncionalidades 10:56
La AFI, establecida por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, experimentó cambios a lo largo de los años, y su último estatuto, aprobado por el Decreto N° 331/23, fue objeto de críticas por falta de avances significativos en la carrera del personal y en la transparencia en la administración de fondos públicos.
Objetivos de la intervención
La intervención, que durará inicialmente dos años, tiene como objetivo principal la reestructuración integral de la AFI, según lo establecido por el Decreto 22/2023. El Interventor designado, Silvestre Sívori , tendrá amplias facultades, incluyendo la elaboración de un plan de reformulación, la reestructuración de la Escuela Nacional de Inteligencia, la evaluación y modificación de estatutos y régimen de administración de fondos, entre otras.
Una de las decisiones más destacadas es la creación de una Comisión de Reencasillamiento del Personal, que se encargará de la transición y adecuación ordenada del personal de la AFI. También se prevé la revisión de la utilización de fondos reservados y las compras y contrataciones realizadas durante los últimos años.
El Gobierno busca, con esta intervención, reencauzar el objetivo principal del Sistema Nacional de Inteligencia, asegurando un funcionamiento coordinado entre los diversos actores y centrado en la protección de la soberanía nacional y la preservación del orden constitucional.
La Ley Nº 26.122 regula el trámite y alcances de la intervención del Congreso respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La Comisión Bicameral Permanente tendrá la responsabilidad de pronunciarse sobre la validez o invalidez de la intervención en un plazo de diez días hábiles.
Mientras tanto, el Jefe de Gabinete de Ministros está facultado para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar los gastos relacionados con la intervención.
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