La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) afrontará el próximo 26 de febrero el primer juicio oral desde que dejó el poder, informaron este lunes fuentes judiciales.
Por la causa en la que está imputada por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en un caso que investigó una presunta manipulación de la adjudicación de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) afrontará el próximo 26 de febrero el primer juicio oral desde que dejó el poder, informaron este lunes fuentes judiciales.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Buenos Aires comenzará a juzgar ese día a Fernández de Kirchner y otros imputados por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en un caso que investigó una presunta manipulación de la adjudicación de obras públicas durante su Gobierno en favor del empresario Lázaro Báez, cercano a su familia, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Además de la ex mandataria se sentarán en el banquillo de los acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y Báez, propietario del Grupo Austral, entre otros. Los tres se encuentran detenidos por diferentes investigaciones judiciales.
La investigación estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, que en su momento procesó (acusó formalmente) a Fernández de Kirchner.
La ex jefa de Estado enfrenta un escenario judicial adverso, con varios procesamientos, acusaciones y tres causas ya elevadas a juicio oral por supuestos delitos de corrupción o irregularidades durante sus dos mandatos.
Fernández de Kirchner está protegida por los fueros parlamentarios como senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista, esto es que puede ser juzgada pero no encarcelada, y sus propiedades sólo pueden ser registradas con autorización previa de la Cámara de Senadores, como ya sucedió días atrás como parte del caso conocido como los "cuadernos de la corrupción", la trama de presuntos pagos de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas.
Con información de DPA